El gobierno de izquierda española, que en 2019 exhumó al dictador Francisco Franco de un mausoleo monumental cerca de Madrid, hará lo mismo con los restos del fundador del partido fascista de la Falange, enterrado en ese mismo lugar, informó el jueves el gobierno.
La exhumación de José Antonio Primo de Rivera tendrá lugar el lunes, precisó una fuente gubernamental, sin indicar a cuál cementerio serán trasladados los restos.
“Es un paso más” para “que no se enaltezca a ninguna persona, a ninguna ideología que evoque a la dictadura”, dijo a periodistas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera (1923-1930), fue ejecutado en noviembre de 1936 al inicio de la Guerra Civil española (1936-1939), provocada por un alzamiento militar contra el gobierno republicano.
Tras la guerra civil, Franco gobernó con mano de hierro hasta su muerte, en 1975.
La tumba de Primo de Rivera se encuentra situada en la basílica del Valle de los Caídos, un gigantesco complejo católico a 50 km de Madrid, donde estuvo enterrado Franco desde 1975 hasta que el gobierno del socialista Pedro Sánchez decidió su exhumación y traslado a una tumba más discreta en 2019.
La exhumación de Primo de Rivera se producirá tras la entrada en vigor, en octubre pasado, de una ley para resarcir a las víctimas del franquismo.
La llamada Ley de Memoria Democrática establece que “no puede haber ningún lugar preeminente” de entierro “para personas que hayan protagonizado (…) el golpe de Estado” de 1936, explicó meses atrás Félix Bolaños.
En noviembre, las autoridades españolas exhumaron los restos del general español Gonzalo Queipo de Llano, de la iglesia de la Macarena de Sevilla (Andalucía, sur).
Este general era el máximo mando militar en el sur de España y se le considera como responsable de los miles de ejecuciones tras el temprano triunfo de la sublevación militar de 1936, entre ellos la del poeta Federico García Lorca.
Tras llegar al poder en 2018, Pedro Sánchez se marcó como prioridad el resarcimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista (1939-1975).
La Ley de Memoria Democrática contempla como principal medida que el Estado se haga cargo, por primera vez, de la búsqueda e identificación de las víctimas desaparecidas.
Pero la derecha, que acusa a la izquierda de intentar reabrir las heridas del pasado con la coartada de la memoria, ha prometido derogar la ley si vuelve al poder en las elecciones de finales de año.
