Los abogados que representan a las mujeres filipinas obligadas a trabajar como esclavas sexuales por Japón durante la Segunda Guerra Mundial instaron este viernes a Filipinas a pagarles una indemnización, después de que un comité de la ONU pidiera al gobierno que les proporcionara “reparaciones”.
Durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 200.000 mujeres la mayoría de Corea, pero también de otras partes de Asia, incluida Filipinas fueron obligadas a trabajar en burdeles militares japoneses, según los historiadores.
El miércoles, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer concluyó que las supervivientes filipinas se habían enfrentado a una “discriminación continua” debido a que el gobierno de Manila no había proporcionado reparaciones, apoyo social ni un reconocimiento a la altura del daño que habían sufrido.
Veinticuatro mujeres del grupo Malaya Lolas (Abuelas Libres) presentaron una queja ante el comité de la ONU en 2019, alegando que Filipinas no había respaldado sus reclamos contra Japón para obtener una indemnización.
“El hecho de que Filipinas no luchara por su causa resultó esencialmente en una discriminación continua contra ellas, que continúa hasta el día de hoy”, dijo el comité en un comunicado.
El comité concluyó que las mujeres no recibieron las mismas prestaciones o servicios que los veteranos de guerra hombres, e instó al gobierno a proporcionarles una “reparación completa” y una “disculpa oficial”.
Se cree que el número de mujeres filipinas obligadas a la esclavitud sexual durante la ocupación japonesa del archipiélago entre 1942 y 1945 se cuenta por centenares.
A lo largo de las décadas, los dirigentes japoneses han ofrecido disculpas y compensaciones económicas a las víctimas, aunque deliberadamente procedentes del sector privado y no del gobierno.
Antes de la visita del presidente Ferdinand Marcos a Tokio el mes pasado, cuyo objetivo era estrechar los lazos económicos y de seguridad, el ministerio de Asuntos Exteriores filipino declaró que todas las reclamaciones relacionadas con la guerra se habían resuelto mediante un acuerdo de reparaciones con Japón en 1956.
La decisión del comité de la ONU, aunque no vinculante, fue “muy significativa”, declaró Joel Butuyan, presidente del Centro de Derecho Internacional de Manila, que representó a las mujeres.
“No podemos obligar al gobierno filipino a cumplir, pero vamos a ir a las oficinas correspondientes y explicarles que se trata de una obligación moral como mínimo”, destacó Butuyan a la AFP el viernes.
Sólo 20 de las 24 denunciantes siguen con vida, según Virginia Suárez, que dirige un grupo de defensa de los derechos de la mujer.
© Agence France-Presse
