Agrupaciones feministas pidieron este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene a El Salvador por negar en 2013 a una mujer la posibilidad de abortar un feto sin cerebro, debido a la penalización de la interrupción del embarazo en el país.
Al conocer “todas las violaciones” de derechos que enfrentaron Beatriz y su familia “esperamos que el Estado Salvadoreño sea condenado”, declaró en rueda de prensa Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
Una condena al Estado salvadoreño, en el juicio que se llevará a cabo el 22 y 23 de marzo en la Corte Interamericana, será un acto de “justicia” para los derechos humanos de las mujeres, declaró por su parte la presidenta de la ONG Colectiva Feminista, Irma Lima, en la misma rueda de prensa.
Las activistas esperan también que la Corte ordene “medidas de no repetición” y propicie “cambios estructurales” en la legislación salvadoreña, que prohíbe en forma absoluta el aborto, dijo García.
La víctima (ya fallecida) era una mujer rural conocida solo por su nombre, Beatriz, a quien los médicos recomendaron en 2013 interrumpir su embarazo de inmediato para salvar su vida.
Su caso acaparó atención internacional luego de que tras 81 días de sufrimiento y una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de junio de 2013, las autoridades salvadoreñas autorizaron que se le practicara una cesárea temprana. El bebé murió horas después.
Beatriz falleció el 8 de octubre de 2017 tras un accidente en motocicleta, cuando estaba a punto de cumplir 27 años.
“La lucha de ella sigue, y nosotros como familia la hemos retomado hasta lograr que se haga justicia a mi hermana, para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que mi hermana tuvo que pasar”, declaró Humberto, de 30 años, hermano de Beatriz.
Con el respaldo de ACDATEE y otras organizaciones, Beatriz presentó una demanda contra el Estado salvadoreño el 29 de noviembre de 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. En 2022 el caso pasó a la Corte Interamericana, con sede en San José.
El Código Penal de El Salvador impone una condena de dos a ocho años de cárcel por abortar, pero fiscales y jueces tipifican con frecuencia los casos de pérdida del bebé como homicidio agravado, delito que se castiga con penas de 30 a 50 años de prisión.
