El Gobierno colombiano presentó el borrador del proyecto de Ley que establece los fundamentos para el sometimiento a la Justicia de los grupos criminales organizados que operan en el país suramericano y su desarticulación.
En el texto, que consta de 54 artículos, se proponen penas sustitutivas para quienes se acojan a la Ley dentro de la Justicia ordinaria.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, el senador Ariel Ávila, y el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, informaron las principales líneas de este proyecto el pasado miércoles. Se espera que el documento sea presentado este jueves ante el Consejo Nacional de Política Criminal.
Como se explica en el borrador difundido, se procura la creación de “mecanismos de sujeción”, a través de “procedimientos de investigación y judicialización”, que apuntan principalmente a la “satisfacción de los derechos de las víctimas”.
Con esto, se apunta a “garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”.
Las condenas de quienes se acojan a la Ley serán de entre diez y doce años en total. De este lapso, de seis a ocho años serán sin beneficios, mientras que los cuatro siguientes serán cumplidos a través de penas restaurativas.
Los requisitos
El titular de Justicia, Néstor Osuna, explicó que se plantea que el Estado colombiano sustituya la pena ordinaria contra los miembros de las estructuras armadas si cumplen requisitos como:
- Entrega de la verdad, justicia, reparación y no repetición.
- Aceptación de responsabilidad penal.
- Desmantelamiento de la banda.
- Suspender actividades ilícitas.
- Entregar armas, secuestrados y menores reclutados.
- Entregar de bienes y activos ilegales.
- Proporcionar información sobre los colaboradores y beneficiarios de las actividades ilícitas.
- Reparación a las víctimas.
Una vez culminada la condena, debe cumplirse una pena restaurativa de cuatro años, que funcionará como una “libertad vigilada“, donde los exintegrantes de las organizaciones criminales deberán desarrollar actividades para restaurar el tejido social, roto por sus acciones, y reparar a las comunidades que resultaron afectadas.
En estos casos se aplicará la Justicia ordinaria y no la transicional producto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que juzga delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos por grupos armados, paramilitares y miembros de los cuerpos de seguridad durante el conflicto.
¿Quiénes pueden acogerse?
En este proyecto no podrán acogerse las organizaciones armadas con fines políticos, de carácter rebelde, con las que el Gobierno mantenga conversaciones de paz.
En cambio, sí tendrán cabida:
- Organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas.
- Grupos con una estructura jerárquica o en red.
- Organizaciones que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles.
- Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen.
- Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.
