Un tribunal italiano declaró ilegal el decreto aprobado en 2022 por el gobierno de derecha que permitía el desembarco sólo de las personas más vulnerables de los barcos humanitarios, indicó el lunes la ONG Humanity.
El veredicto se refiere a las restricciones impuestas en noviembre al barco Humanity 1, con bandera alemana, que había rescatado a 179 personas a la deriva en el Mediterráneo central, la zona más peligrosa del mundo para los migrantes ilegales.
El barco fue autorizado a atracar en el puerto siciliano de Catania el tiempo suficiente para desembarcar a los pasajeros más vulnerables.
En total 144 personas desembarcaron, mientras otras 35 tuvieron que permanecer a bordo.
Restricciones similares fueron impuestos al Geo Barents, un barco operado por la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).
Finalmente, unos 250 migrantes , incluso los 35 del Humanity, pudieron desembarcar tras las fuertes protestas de las ONG y de la ONU.
“Esta claro que entre las obligaciones internacionales que ha asumido nuestro país, figura la de brindar asistencia a todo náufrago, sin hacer distinción por sus condiciones de salud”, explicó el tribunal de Catania.
“Por lo tanto, el decreto es ilegal en la medida en que solo permitía asistir a las personas con una salud precaria, en contra de las obligaciones internacionales”, precisa el tribunal.
Los partidos italianos de derecha y extrema derecha, que vencieron las elecciones legislativas en septiembre, se han comprometido a poner fin a la llegada de decenas de miles de inmigrantes ilegales que desembarcan cada año en las costas italianas.
En enero fue adoptado un nuevo decreto-ley que obliga a los barcos humanitarios a realizar un solo rescate a la vez.
Las ONG humanitarias y el Consejo de Europa también han denunciando ese decreto, alegando que contradice el derecho marítimo internacional e instan a los legisladores a no aprobarlo cuando pase para su votación por el parlamento esta semana.
Los barcos de las ONG salvan alrededor del 10% de los inmigrantes que llegan a Italia, ya que la mayoría son rescatados por la guardia costera o la marina.
Sin embargo, el gobierno acusa a las ONG de favorecer así el tráfico de personas.
