Colombia. – Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, aspira a darle otro giro a la historia: alcanzar la “paz total” con rebeldes y narcos para extinguir más de medio siglo de conflicto armado que siguió al desarme de la guerrilla FARC en 2017.
A continuación, cuatro preguntas sobre la nueva política de Estado y los desafíos que enfrenta en medio del repunte del narcotráfico y la violencia.
-¿Qué es la “paz total”?
La política de “paz total” se convirtió en ley en noviembre, luego de que el Congreso de mayoría oficialista respaldara una ambiciosa propuesta de Petro para dialogar con guerrillas, narcotraficantes y grupos de origen paramilitar con miras a desactivar el conflicto.
El legislativo ajustó un marco jurídico existente desde 1997 para que el gobierno pueda negociar la paz con organizaciones armadas de carácter político y desmovilizar bandas criminales por medio de sometimientos beneficiosos a la justicia.
“Lo que hemos aprobado en el Congreso es que la política de paz debe comenzar a ser una política de Estado”, explicó a la AFP el parlamentario izquierdista Iván Cepeda.
Petro, un exguerrillero que firmó la paz en 1990 antes de saltar a la política, asumió el poder el 7 de agosto como el primer izquierdista en gobernar Colombia.
Con no pocos detractores, el presidente defiende la salida dialogada del conflicto y el fin de la “fracasada” guerra antidrogas en el mayor productor de cocaína del mundo.
En paralelo, el gobierno abandonó la erradicación forzada de pequeños cultivos de hoja de coca, cuando la producción de cocaína rompe récords históricos.
-¿Quiénes se acogerán?
La carta de presentación de la “paz total” y su ejemplo más claro es la reanudación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego de tres años de suspensión.
“La lógica que hemos desarrollado en Colombia es que en la guerra todo es posible, y nada es suficiente en cambio en la paz. Hay que ser cautos, minimalistas, ir paso a paso”, concedió Cepeda.
Aunque el histórico acuerdo de 2016 transformó en partido político a la guerrilla más poderosa del continente, el conflicto sigue luego de seis décadas y más de nueve millones de víctimas.
Las FARC fueron reemplazadas por una proliferación de nuevas organizaciones, sin margen de negociación hasta la llegada de Petro.Desde el 21 de noviembre, delegados de Petro, entre ellos Cepeda, dialogan con la última guerrilla reconocida en Colombia, que ensaya su sexta negociación con un gobierno.
Expertos advierten sobre la dificultad de los procesos de paz con el ELN por su estructura federada con diferentes liderazgos que ponen en entredicho su unidad de mando.
El Clan del Golfo, la principal banda narco del país, y los disidentes de las FARC que se marginaron del acuerdo de paz también han hecho guiños al gobierno para acogerse a la “paz total”.
El centro de estudios independiente Indepaz calcula que al menos 24 organizaciones tocaron esa puerta.
También se sumaron los capturados en el marco de las masivas protestas contra el gobierno de Iván Duque (2018-2022), quienes serán liberados bajo esta ley y designados como “gestores de paz”.
“El gobierno debería cuidarse de que la paz total no se vuelva una especie de paraguas donde quepa todo y entonces termina desdibujándose la misma”, sostiene Alejo Vargas, experto en conflicto colombiano de la Universidad Nacional.
-¿Otros precedentes?
En 2006 el expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010) acordó el desarme del grueso de los paramilitares.
El capo Pablo Escobar se entregó a la justicia en los 90 a cambio de la no extradición, pero luego escapó de la cárcel.
En esa década se desmovilizaron guerrillas como el M-19, a la que perteneció Petro, y el Ejército Popular de Liberación.
Ninguno de esos procesos pretendió negociar con todos los grupos armados al mismo tiempo.
“La propuesta (de paz total) no es ambiciosa, es realista. Colombia tiene que salir de un conflicto que ya lleva décadas, no puede seguir siendo eternamente el país de la violencia”, argumenta Cepeda.
-¿Cuáles son los retos?
El partido Centro Democrático (oposición) ha calificado la “paz total” como una “apología a la criminalidad y a la impunidad”.
“No solo desde la parte operativa y de gestión sino desde la parte jurídica es un problema”, analiza Juana Cabezas, investigadora de Indepaz.
Para Cabezas, el gobierno deberá “tener insumos muy rigurosos por parte de organizaciones de la sociedad civil y del mismo Estado para definir cuál es la ruta por la que va a transitar cada grupo”, además de medir sus verdaderas intenciones de cesar la violencia.
“En el momento en que empiecen a dar más beneficios a unos que a otros van a empezar a generar tensiones”, advierte.
