El expresidente peruano Pedro Castillo, acusado de “rebelión” y “conspiración”, seguirá detenido en una base policial luego que un tribunal de apelaciones declarara infundado este martes su pedido para salir libre mientras persisten las protestas que han dejado siete muertos y 200 heridos desde el domingo.
El juez César San Martín decidió “declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado”, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar ocurrida el pasado miércoles.
El magistrado señala en el fallo que existe riesgo de fuga pues Castillo intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el congreso.
El exmandatario izquierdista permanecerá detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) al este de Lima hasta este miércoles 14, fecha en que cumple su plazo de detención.
La resolución judicial abre la vía a la fiscalía para presentar un pedido de prisión preventiva contra Castillo por mayor tiempo.
“Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo en la audiencia en su primera declaración pública desde su destitución hace una semana.
“Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado, tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte del Congreso que tiene un índice de desaprobación de 86%, según últimos sondeos.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.
“Llamo a la calma, a la paz, a que podamos vivir como hermanos”, dijo a la prensa Boluarte. Y anunció que en la tarde, en consejo de Estado con las fuerzas armadas, evaluará declarar el “estado de emergencia a nivel nacional” por las protestas.
- Militares en la calle –
Las fuerzas armadas patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.
Las violentas manifestaciones persisten y hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló la policía.
Las regiones más agitadas se encuentran en el sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.
“Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte”, dijo a la AFP Hugo Maquera, que participaba este martes en el bloqueo del puente Internacional de Ilave, en Puno (frontera con Bolivia).
En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal de armas artesanales y piedras contra armas de fuego y gases lacrimógenos.
“Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas”, dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un “paro indefinido” por elecciones generales.
Su repercusión se desconoce aún pero ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
El aeropuerto de Cusco fue cerrado desde el lunes porque manifestantes intentaran tomarlo.
Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024.
El miércoles pasado, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que la cámara debatiera su destitución por presunta corrupción.
Fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de México para asilarse. La fiscalía, que lo investiga por corrupción, le imputó los delitos de “rebelión” y “conspiración” en flagrancia.
- Respaldo latinoamericano –
Algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica defienden a Castillo a pesar del autogolpe.
“Sigue siendo Pedro Castillo el presidente” de Perú, afirmó el martes el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
La Cancillería peruana respondió recordando que Castillo fue destituido por el Congreso en apego a la Constitución porque perpetró un “golpe de Estado”, y pidió a los países ayudar a Perú a “resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”.
- Castillo investigado –
Antes de su fallido autogolpe, la fiscalía investigaba a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.
La fiscal de la nación, Patricia Bernavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001.
Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.