Un tribunal de Massachusetts desestimó este viernes la demanda que había interpuesto México contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusaba de “comercio negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio, según documentos judiciales a los que tuvo acceso la AFP.
“Desgraciadamente para el gobierno de México, todas sus demandas están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones”, justificó el juez Dennis Saylor en un largo documento, en el que señaló que ese tribunal “no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso”.
En su escrito, el juez señala que “aunque el Tribunal siente una considerable simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”.
Eso lo lleva a que “se concederán las mociones de desestimación” que habían presentado los acusados.
México demandó en agosto de 2021 a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
Según la cancillería, de 342.000 a 597.000 armas fabricadas por esas firmas -entre el 70% y 90%- llegan anualmente a su territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos.
El país ocupa la tercera posición de la lista de naciones con más muertes relacionadas con armas.
El quid de la demanda estaba en determinar si fuera de México los fabricantes estaban protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada con el objetivo de proteger a la industria armamentística de toda responsabilidad civil por el mal uso penal de sus productos.
Los fabricantes alegaban que México carece de “jurisdicción personal” para sentarlos en el banquillo.
– Compartir responsabilidades –
En una contrarréplica fechada el 14 de marzo, los fabricantes sostenían que la denuncia no mencionaba “a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México”.
Además, acusaban al gobierno mexicano de tratar de responsabilizarlos “por algo que ocurrió exclusivamente en Estados Unidos, en la teoría de que algunos de sus productos fueron introducidos de contrabando en México por criminales y utilizados en otros actos criminales” en ese país.
La demanda de México recibió el apoyo como amicus curiae (amigos de la corte) de 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice y Barbuda, y otros catorce estados federales, alegando que las armas que se trafican en México acaban en las calles de Estados Unidos junto con ingentes cantidades de drogas ilegales.
Con su demanda ante una corte del estado de Massachusetts, donde se encuentra la sede de la mayoría de fabricantes de armas, México buscaba poner el tráfico ilegal en el centro de la conversación bilateral y compartir responsabilidades con su vecino por la violencia ligada al narcotráfico.
México, de 126 millones de habitantes, es azotado por una vorágine de violencia desde 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
