El gobierno de Daniel Ortega advirtió este viernes que el nuevo embajador designado por Estados Unidos para Nicaragua, Hugo Rodríguez, “no será admitido” en el país por sus posiciones “injerencistas”, reiterando con ello la decisión de no concederle el beneplácito.
“El señor Hugo Rodríguez, repetimos, no será bajo ninguna circunstancia admitido en nuestra Nicaragua (…) así que lo tienen claro los señores imperialistas: aquí no entra Hugo Rodríguez”, afirmó la vicepresidenta, Rosario Murillo, al dar lectura a una nota de cancillería en los medios oficiales.
Murillo, esposa del presidente y portavoz oficial, dio la posición del gobierno tras conocer que el Senado de Estados Unidos había confirmado el jueves a Rodríguez como embajador en Nicaragua, pese a que el pasado 28 de julio Managua había expresado su rechazo a esa designación.
Managua argumentó en aquel momento que decidió retirar el beneplácito a Rodríguez debido a las declaraciones “irrespetuosas” que el diplomático ofreció en una audiencia ante el Senado.
En ella, Rodríguez afirmó que Nicaragua “se está convirtiendo cada vez más en un Estado paria dentro de la región” y calificó al gobierno de Ortega de “dictadura”.
Abogó además por sacar a Nicaragua del Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos).
Este viernes, Murillo consideró de “insólita” la decisión de Estados Unidos de mantener la postulación de Rodríguez, a quien tildó de “irrespetuoso injerencista (y) nada diplomático”.
Acto seguido, dio lectura a la nota de la cancillería de rechazo a la llegada del diplomático, quien fue nominado al cargo en mayo pasado por el presidente Joe Biden en sustitución de Kevin Sullivan.
“Reiteramos no solo nuestro rechazo, sino nuestra posición inclaudicable de dignidad nacional que desconoce absolutamente el injerencismo y la actuación imperialista” de Estados Unidos, dijo.
- Expulsiones -El pasado miércoles, el gobierno de Ortega pidió la salida de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, Bettina Muscheidt, según fuentes diplomáticas y medios locales, por motivos aún no precisados.
La solicitud de salida, que según la prensa sería efectiva este sábado, ocurrió luego de que una delegación de la UE instara el lunes a Nicaragua a “poner fin a la represión” contra opositores, sacerdotes y medios de prensa independientes y a restaurar la “democracia”.
Más de 200 opositores están presos en el marco de la crisis política que vive Nicaragua desde las protestas opositoras de 2018, que el gobierno vinculó a un supuesto fallido golpe de estado promovido por Washington.
Entre los detenidos están siete exaspirantes a la presidencia y al menos siete religiosos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, un crítico del gobierno que está en arresto domiciliario desde el 19 de agosto.
El pasado 15 de septiembre, el parlamento europeo abogó por la liberación del obispo.
En medio de la crisis, la UE, como venía haciendo Estados Unidos, ha impuesto sanciones a decenas de funcionarios, allegados y familiares del mandatario nicaragüense por violación a los derechos humanos y corrupción.
Ortega es un exguerrillero que ha sido reelegido tres veces desde 2007, la última en 2021, en una elección que se efectuó con sus rivales presos o en el exilio.
En los últimos años, Ortega ha calificado a los europeos de “fascistas”, “colonialistas”, “descendientes del franquismo” y “hermanos de Hitler”.
El rechazo del nuevo embajador estadounidense y la salida de la embajadora europea se suman a la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo pasado.
En noviembre de 2021 Nicaragua anunció su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y cinco meses después, en abril de este año, cerró la oficina del organismo en Managua y adelantó la salida de sus representantes del país.
Este año también expulsó al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess, por razones desconocidas.
En diciembre de 2018, había ordenado la salida de dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que investigaban la violencia ocurrida durante las protestas de ese año.
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