El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se desvinculó este jueves de nuevas sospechas de corrupción contra su familia luego de que la prensa reportara que entre 1990 y 2022 él y sus allegados adquirieron 51 inmuebles en efectivo, asunto que emergió en plena campaña electoral.
El portal de noticias UOL publicó el martes un reportaje, basado en declaraciones de los propios miembros de la familia Bolsonaro. Según el sitio brasileño, las compras efectuadas total o parcialmente en efectivo totalizaron cerca de 4,8 millones de dólares al cambio actual.
“¿Por qué hacen eso contra mi familia? La mitad de los inmuebles es de un excuñado. ¿Qué tengo que ver con un excuñado? No veo a ese tipo desde hace mucho tiempo”, dijo Bolsonaro, según un extracto de una entrevista grabada con el canal Jovem Pan.
El uso de dinero en efectivo no constituye un delito, aunque cuando es utilizado en grandes volúmenes, sin haber pasado por el sistema financiero, genera sospechas sobre la legalidad de su origen.
“Buscan una manera, 30 días antes (de la elección), (…) de desgastarme, no lo van a conseguir”, agregó el mandatario, que disputará el 2 de octubre su reelección, frente al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas, como principal adversario.
El Supremo Tribunal Federal valorará la apertura de una investigación, tras la demanda presentada por el senador Randolfe Rodrigues, uno de los coordinadores de la campaña de Lula.
Bolsonaro fue elegido en 2018 con un discurso enfocado en el combate a la corrupción y en esta campaña ha vuelto a insistir en los escándalos en la petrolera estatal Petrobras durante el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
En mayo de este año la justicia de Rio de Janeiro archivó una denuncia contra Flávio Bolsonaro, senador e hijo del mandatario, luego de que fuera acusado en 2020 de liderar una organización criminal que recogía parte del salario de sus exempleados en la Asamblea Legislativa de Rio.
La denuncia, archivada tras la anulación de pruebas en la Corte Suprema, cuestionó el supuesto compromiso de la familia presidencial en el combate a la corrupción.
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