Washington, Estados Unidos. Los republicanos le negaron a Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, un asiento vitalicio en la Corte Suprema de Justicia. Ahora Garland enfrenta una crucial decisión: el posible enjuiciamiento de un ex presidente de ese partido.
El fiscal de 69 años aprobó personalmente la sorprendente redada del FBI del 8 de agosto al domicilio de Donald Trump en Florida, y tendrá que decidir si se le imputan delitos.
Enjuiciar a un ex presidente no tiene precedentes. Richard Nixon fue perdonado por su sucesor Gerald Ford antes de que se le imputaran cargos por el escándalo del Watergate .
Y mientras Nixon estaba desgastado y renunció una vez caído en desgracia, Trump, de 76 años, mantiene un férreo control sobre el Partido Republicano y coquetea abiertamente con la idea de volver a presentarse para las elecciones presidenciales de 2024.
“La idea de enjuiciar a un expresidente por cualquier cosa es bastante extraordinaria”, dijo Steven Schwinn, profesor de derecho en la Universidad de Illinois Chicago. “Pero los actos de Trump fueron bastante extraordinarios”.
El allanamiento de Mar-a-Lago parece centrarse alrededor de un mal manejo de documentos clasificados, pero Trump también está bajo la lupa por tratar de revertir los resultados de la elección de 2020, y por el asalto al Capitolio cometido el 6 de enero de 2021 por sus partidarios que dejó cinco muertos.
Trump no ha sido inculpado hasta ahora por ninguno de estos casos, pero el comité parlamentario que investiga el ataque al Capitolio dejó marcado un camino para Garland durante una serie de audiencias públicas en las que presentó sus conclusiones.
La respuesta a la pregunta de si el fiscal seguirá ese camino se encuentra en la boca de todos en Washington.
El allanamiento de la residencia de Trump en Florida inició una tormenta política que podría transformarse en huracán si el fiscal general decide imputarlo, en un país de por sí amargamente dividido entre demócratas y republicanos.
Garland tiene la suficiente experiencia política como para entrever las consecuencias de perseguir a Trump, dijo Schwinn, y tiene “complicadas consideraciones que poner en la balanza”.
“Por un lado, Garland tiene que pensar en cuál es su trabajo, y este consiste en aplicar la ley”, dijo.
Pero “por otro lado, es sin duda consciente de que cualquier persecución judicial al presidente Trump envalentonará a su base de seguidores, y ya ha provocado amenazas de violencia contra funcionarios federales y otros”.
– Sin miedo ni favoritismo –
Trump y sus aliados republicanos han acusado a Garland, nombrado en el cargo por el presidente demócrata Joe Biden, de utilizar el Departamento de Justicia para motivos políticos.
“Nada parecido le había sucedido a un presidente de los Estados Unidos”, dijo Trump tras el allanamiento de Mar-a-Lago, que considera como una “caza de bruja” de vengativos demócratas.
La redada del FBI empujó a la aliada de Trump Marjorie Taylor Greene a proponer una resolución en la Casa de Representantes para inhabilitar a Garland por un “descarado intento de perseguir a un oponente político”.
La resolución no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en la Cámara controlada por demócratas.
A la izquierda del partido, algunos demócratas han acusado a Garland de demorarse demasiado en actuar contra el expresidente que, consideran, debería estar tras las rejas por impulsar una insurrección.
Graduado en la escuela de derecho de Harvard, Garland no es ajeno a casos de gran notoriedad.
Como fiscal federal dirigió la investigación sobre un atentado con bomba cometido de 1995 por extremistas de ultraderecha en Oklahoma City y que dejó 168 muertos. También enjuició a Ted Kaczynski, el “Unabomber”.
Garland fue luego juez principal del Tribunal de Acusaciones del Distrito de Columbia y en 2016 fue nominado a la Suprema Corte por el presidente Barack Obama.
Pero la mayoría republicana en el Senado rechazó su nominacióm y fue el siguiente presidente – Trump- quien acabó nombrando al juez que ocupó el puesto vacante.
Respetuoso del protocolo, Garland ha tratado de seguir la política del Departamento de Justicia de no comentar investigaciones en curso.
Pero fue forzado a abandonar su usual reticencia ante el furor que desató el allanamiento del FBI y habló brevemente con los reporteros la semana pasada, debido al “sustancial interés público en este asunto”.
Dijo que la decisión de registrar el domicilio de Trump no se tomó “a la ligera” y subrayó que “el Estado de Derecho significa aplicar la ley de manera uniforme, sin miedo ni favoritismo”.
