El Congreso español ha aprobado este jueves la Ley de Memoria Democrática que considera “ilegal” la dictadura franquista y condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 que dio comienzo a la Guerra Civil y puso fin de la II República. En una ajustada y bronca votación, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha sacado adelante -por 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones- una norma que obliga al Estado a buscar a las 114.000 personas desaparecidas durante la guerra fratricida y los 40 años de dictadura.
La “ilegalidad” del régimen de Francisco Franco supone de facto “una declaración de reconocimiento y reparación personal” a las víctimas de la dictadura. Pero va más allá: todas las condenas y sanciones en ese periodo a cualquier persona por razones políticas, de conciencia o creencia religiosa o por razones ideológicas pasan a ser también ilegales. Hasta ahora se consideraban sencillamente “nulas”. Los tribunales y órganos franquistas y sus sentencias también pasan a considerarse ilegales, y no sólo ilegítimas, como hasta ahora.
El 18 de julio de 1936 comenzó en España la Guerra Civil. El día anterior, en la ciudad de Melilla (norte de África), los destacamentos al mando del general Francisco Franco se sublevaron y decretaron el estado de guerra en todo el país. La resistencia de fuerzas leales a la República dividieron al país en dos y lo que iba a ser un golpe militar más en una historia habitual de asonadas militares en España se convirtió en un conflicto que se prolongó tres años. Tras la contienda, Franco implantó una dictadura que lo mantuvo al frente del país hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975.
A partir de ese momento se inició un proceso de Transición que llevó a celebrar las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977 y a aprobar una nueva Constitución el 6 de diciembre de 1978.
La norma aprobada ahora en el Congreso amplía precisamente hasta esta última fecha lo que considera el periodo de persecución contra los antifranquistas. Si bien es hasta ese momento cuando se limita la investigación oficial sobre la dictadura y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, el marco legal alcanza hasta 1983.
Polémica investigación hasta 1983
La Ley creará una comisión técnica encargada de estudiar las presuntas violaciones de derechos humanos que pudiera haber habido contra algunas personas por “su lucha” en la consecución y consolidación de la democracia”. Esto abarca, según la norma, hasta el 31 de diciembre de 1983.
Créditos: Infobae
