La justicia argentina inició este martes un juicio que busca sacar a luz lo ocurrido en la llamada Masacre de Napalpí, ocurrida en 1924 y en la que entre 300 y 500 integrantes de pueblos originarios fueron asesinados por fuerzas policiales y gendarmes.
“Vamos a demostrar de manera concreta y contundente quiénes participaron y quiénes fueron responsables de este genocidio”, afirmó el fiscal federal Federico Garniel, encargado de la acusación, durante la audiencia que se realiza en Resistencia (Chaco, noreste de Argentina).
Se trata del primer juicio que investiga la persecución sistemática de pueblos originarios en Argentina y en él serán querellantes la secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y el Instituto Aborigen Chaqueño.
En 2018, el caso Napalpí fue declarado crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible pero, al no haber imputados con vida, se realiza un “juicio por la verdad” que busca investigar, esclarecer y dar publicidad al episodio a modo de reparación a las víctimas, sus familias y las comunidades.
Conocer la verdad
“El juicio por la verdad busca llegar a una aproximación de los hechos. No busca responsabilidad penal sino conocer la verdad para la reivindicación de la memoria de los pueblos, para calmar las heridas, para reparar pero también activar la memoria y generar la conciencia de que estas violaciones a los derechos humanos no deben volver a repetirse”, afirmó la jueza federal Zunilda Niremperger al inicio del juicio.
Los hechos investigados ocurrieron el 19 de julio de 1924 en Napalpí, una “reducción” -como se llamaba en Argentina a los lugares de confinamiento de indígenas- ubicada donde hoy es la provincia del Chaco.
Allí vivían comunidades de las etnias qom y moqoit en condiciones de semiesclavitud, obligadas a trabajar en las cosechas de algodón.
Ese día, tras hacer oídos sordos a un reclamo de los indígenas por cambiar sus condiciones de vida, el entonces gobernador Fernando Centeno ordenó un operativo represivo del que participaron unos 130 policías, gendarmes y civiles armados que dispararon a mansalva contra niños, ancianos y adultos desarmados. Los cuerpos de los asesinados fueron mutilados y enterrados en fosas comunes.
“Acabaron con la vida de entre 300 y 500 personas, es muy difícil saber”, señaló la querella durante la primera audiencia transmitida en directo por el portal de la Fundación Napalpí.
“Cosas tristes”
El juicio oral y público se inició en el Día del Aborigen Americano en la Casa de las Culturas de la ciudad de Resistencia, la capital provincial. Las próximas audiencias serán el 26 y 27 de abril, el 3 de mayo, y el 10 y 12 de mayo. Está previsto que el juicio concluya el 19 de mayo.
Tras los primeros alegatos en la sala de audiencias, se proyectaron registros audiovisuales de entrevistas a dos sobrevivientes, Pedro Valquinta, nacido hace 110 años, y Rosa Grilo, una mujer de 114 años que podría declarar personalmente si su salud lo permite.
“Para mí es triste, mataron a mi papá. Casi no me quiero acordar. Cosas tristes. Mucha gente mataron”, dice Rosa Grilo en una mezcla de español con su lengua originaria en el testimonio filmado por la fiscalía en 2018 en el patio de tierra de la casa de la anciana.
En otra entrevista proyectada, Juan Chico, un historiador qom fallecido el año pasado y autor de varios libros sobre la masacre, destacó el valor de la memoria oral para complementar la documentación. “Esa reconstrucción es clave”, señalaba.
En 2008, durante su primer mandato, el actual gobernador Jorge Capitanich había pedido perdón por la masacre en nombre del estado provincial.
Los historiadores destacan que en su conformación como nación independiente, en Argentina hubo sometimiento de los pueblos originarios, que quedaron al borde del exterminio. Uno de los episodios más trágicos es el conocido como La Campaña del Desierto, para la incorporación de la Patagonia al territorio nacional, que dejó un saldo de al menos 14.000 indígenas muertos entre 1878 y 1885.
Según el censo de 2010, en Argentina, de 45 millones de habitantes, solo un millón de personas se definen como integrantes o descendientes de alguna de las 39 etnias originarias. Desde 1994, la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas.
