Bajo la presión de hacer bajar los precios de la gasolina, el gobierno estadounidense anunció el viernes que reabrirá terrenos fiscales a la explotación de hidrocarburos bajo nuevas condiciones, incluyendo un primer aumento de s impuestos a la producción en más de 100 años.
El ministerio del Interior indicó que desde la próxima semana subastaría licencias de explotación para unas 173 parcelas por un total de unas 58.000 hectáreas en nueve estados.
La superficie propuesta es un 80% menor que la inicialmente prevista y el fisco aumentará los impuestos a la producción –que no habían subido desde hace al menos un siglo– del 12,5% al 18,75% de los beneficios.
Las empresas interesadas también deberán comprometerse a respetar las nuevas condiciones, como lo son la consulta a las tribus nativas estadounidenses o el seguimiento de los “mejores métodos científicos disponibles” para el análisis de las emisiones de efecto invernadero.
La medida se toma en momentos en que el presidente demócrata Joe Biden se enfrenta a una inflación récord, en particular en el precio de la gasolina.
El precio del galón por las nubes golpea la popularidad de Biden y los demócratas, tras la era de autosuficiencia alcanzada por Estados Unidos en materia de hidrocarburos durante la administración anterior del republicano Donald Trump.
Desde hace varias semanas, Joe Biden toma iniciativas dirigidas a hacer bajar los precios del crudo, ordenando por ejemplo a fines de marzo recurrir masivamente a las reservas estratégicas de petróleo.
El retorno a las licitaciones para la explotación de petróleo y gas en terrenos federales no debería sin embargo tener un efecto inmediato, el proceso toma por lo general varios años.
El presidente, que había hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus prioridades, proclamó tras su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2021, una moratoria sobre el otorgamiento de nuevas concesiones para perforaciones petroleras y gasíferas en tierras y aguas pertenecientes al gobierno, en proceso de revisión.
La moratoria proclamada por Biden que ya estaba en marcha fue suspendida por un juez en junio de 2021 al considerar que se necesitaba la aprobación del Congreso.
Semanas más tarde, el gobierno se había comprometido a la venta de concesiones mar adentro, en el Golfo de México, pero fueron anuladas por el departamento de Justicia en enero.
El ministerio del Interior también dio su aprobación a miles de permisos de explotación de petróleo y gas en tierras federales en 2021.