San Salvador, El Salvador | AFP | Grupos feministas celebraron este martes la liberación de Kenia, una joven que purgó 9 de 30 años de condena por un aborto, y prometieron seguir luchando por sacar a otras mujeres cuyos embarazos han sido interrumpidos.
“Vamos a seguir luchando e insistiendo porque recuperen su libertad las (mujeres) que siguen encarceladas”, declaró a la AFP Morena Herrera, directora de la Agrupación Ciudadana Para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
“Cada vez que liberan una mujer encarcelada nos llena de alegría porque es absolutamente injusto que por una emergencia obstétrica fueran criminalizadas”, agregó Herrera.
Kenia salió de la cárcel el lunes luego de recibir un beneficio penitenciario solicitado por ACDATEE. Fue la cuarta mujer excarcelada desde diciembre tras la puesta en libertad de Karen, Kathy y Evelyn.
Las cuatro mujeres cumplían penas de prisión acusadas de homicidio agravado tras sufrir distintas emergencias obstétricas que derivaron en abortos espontáneos.
Según la Agrupación Ciudadana, cuando Kenia tenía 17 años quedó embarazada tras ser “agredida sexualmente”. Un año después “sufrió una emergencia obstétrica” en un granero, a un costado de la casa en la que vivía.
“Al encontrarla desangrada (el padre) llamó al número de emergencia para pedir ayuda. En lugar de ayudar a Kenia durante su emergencia médica, la policía salvadoreña la arrestó y la acusó de homicidio agravado”, dijo la organización feminista en un comunicado.
Por esos hechos, la joven fue condenada a 30 años de prisión.
Una esperanza
Kenia además de afrontar la violencia sexual sufrió “la violencia del Estado” que le impuso una condena desproporcionada al haber sido “criminalizada injustamente”, manifestó la activista de Derechos Humanos, Sara García.
La liberación de Kenia “es una esperanza en la lucha” por “los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pobres de El Salvador” que son denunciadas cuando llegan a los hospitales públicos, añadió.
Desde 1998, el código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años.
Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como “homicidio agravado”, penado hasta con 50 años de prisión.
Bajo la severa legislación salvadoreña, en la cárcel quedan 10 mujeres con diferentes condenas, y dos que ventilan su proceso en los tribunales.
El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES, ONG), Miguel Montenegro, se pronunció por una reforma constitucional “que vele por los derechos de las mujeres”.
El 30 de noviembre tras un largo proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado salvadoreño por violar varios derechos de una mujer identificada como Manuela.
Manuela, es una salvadoreña que murió purgando una condena de 30 años por un parto extrahospitalario tipificado como homicidio agravado.
Manuela no sabía leer ni escribir y sufría un cáncer linfático no diagnosticado. La enfermedad le provocó una emergencia obstétrica el 26 de febrero de 2008, cuando se encontraba en una letrina, a unos metros de su casa. Allí expulsó el feto y se desmayó.
Cuando fue llevada a un hospital el personal médico la acusó por aborto y en agosto de 2008 fue condenada a 30 años de prisión. El 30 de abril de 2010, cuando tenía 33 años, murió esposada a una cama en el área de reos del hospital nacional Rosales.
El 5 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que presentó a la Corte Interamericana el caso Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus y a la que se le impidió abortar en 2013 pese a que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir.
Tras la intervención de la Corte, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana, pero el bebé murió horas después de nacer. Beatriz murió en un accidente vial en 2017 sin ver justicia.
Ahora el Estado salvadoreño se enfrenta a un nuevo proceso. La Comisión Interamericana lo hace responsable por poner a Beatriz “ante una situación de riesgo grave a la vida” debido “a la prohibición absoluta de interrupción del embarazo”.
