AFP.- Un año después de la legalización del aborto en Argentina, “todavía hay cosas que sacar de la clandestinidad”, afirma Monik Rodríguez, quien se encarga de una línea de acompañamiento a personas que desean interrumpir su embarazo en Salta, una provincia ultraconservadora del país sudamericano.
Con 33 años y tres hijos, Rodríguez dedica muchas horas a responder llamados, parte de un proyecto de la asociación civil Fuerza de las Mujeres.
“La escucha es lo más importante. Se trata de ayudar a saltar los obstáculos, se las acompaña hasta el sistema de salud para que no se pierdan en los laberintos burocráticos”, dice a la AFP.
Algunas mujeres deben viajar muchos kilómetros para evitar los comentarios: “En los pueblos chicos, vos vas a la mañana a hacerte una ecografía y a la tarde tenés al panadero que te felicita por el embarazo”, ironiza Monik.
A la línea llaman desde adolescentes a premenopáusicas, madres de familias numerosas y primerizas, o una bailarina de tango que ganó una beca para ir a Europa y no quiere que un embarazo condicione su viaje.
“En esta línea no se aconseja el aborto pero tampoco se romantiza la maternidad”, sostiene Monik, quien hace una década, siendo ya madre de una niña, sufrió la clandestinidad.
A los 23 años, explica, tuvo un atraso en la menstruación y decidió abortar. La operación no salió bien y tuvo que ser hospitalizada. Los análisis mostraron que no estaba embarazada. “La ansiedad que da la clandestinidad, junto con la desinformación, es lo que nos pone en peligro”, sostiene.
Las autoridades sanitarias estimaron que entre 1983 y 2020 murieron más de 3.000 mujeres en los entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos que se practicaban al año. No hay aún datos de todo 2021, primer año del aborto legal.
Más allá de lo que falte resolver, las feministas celebran que el 30 de diciembre de 2020 el Congreso legalizara la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Judicialización
Miranda Ruiz, de 33 años, es la única profesional que practica el aborto en Tartagal, una ciudad de Salta de 75.000 habitantes. En septiembre pasado fue detenida acusada por la tía de una paciente de 21 años a la que le realizó un aborto. Ya liberada, sigue procesada. Las feministas reclaman el sobreseimiento de su proceso.
“Miranda garantizaba un derecho en una provincia donde las organizaciones ‘antiderechos’ son fuertes. Es una forma de disciplinar a los otros médicos”, dice Sofía Fernández, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto .
La denuncia contra Ruiz fue la única este año contra un profesional. “Hubo 36 presentaciones judiciales contra la ley, la mayoría para que se la declare inconstitucional. De ellas, 24 ya fueron desestimadas”, explica Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Sin embargo, la Campaña denuncia que aún hay más de 1.500 personas con causas penales por abortos y eventos obstétricos.
Durante casi un siglo, desde 1921, en Argentina solo era legal el aborto cuando el embarazo era producto de una violación o estaba en peligro la vida de la mujer.
Brecha
Este 2021, se reportaron en el sector público 32.758 abortos, precisa Isla, para quien difundir masivamente el derecho que otorga la ley y ampliar los equipos de profesionales son los desafíos para 2022.
“Hay una brecha grande de desigualdad en el acceso a la práctica según las zonas. Arrancamos con 943 equipos que brindaban la prestación y actualmente hay 1.243 equipos. Pero hay mucha demanda y no logramos aumentar al ritmo que se necesita, es un escollo estructural”, admite Isla.
El proyecto Mirar del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes), que monitorea la aplicación de la ley, señaló que “aún persisten las desigualdades pero crece el acceso” a los fármacos para abortar.
El Estado distribuyó en 2021 43.283 tratamientos, frente a 18.560 en 2020 y 9.000 en 2019, señala Isla, aunque no todos se prescribieron para abortar. Aún falta repartir el medicamento mifepristona, que ayuda a desprender el embrión.
El mayor escollo es la falta de difusión del derecho, coinciden todas.
“A un año, no hay campañas masivas de difusión del derecho a abortar. Tampoco los espacios de salud cuentan con información accesible, sencilla y comprensible, en distintas lenguas y soportes para facilitar la solicitud y concreción del aborto”, advirtió la organización Socorristas en Red.
