Washington, Estados Unidos | AFP |La Organización de los Estados Americanos (OEA) debe actuar tras las “elecciones ilegítimas” en Nicaragua, urgieron el martes el secretario general del bloque regional y un alto funcionario de Estados Unidos, que tildó al país centroamericano de “dictadura”.
“Rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua”, tuiteó el titular de la OEA, Luis Almagro, después del triunfo del presidente Daniel Ortega el domingo.
Ortega, en el poder por las urnas desde 2007, ganó un cuarto mandato consecutivo con casi 76% de los votos, según cifras oficiales, en un proceso electoral con opositores presos, partidos ilegalizados y decenas de miles de exiliados.
“Insto a países de OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática (Interamericana) durante su Asamblea” General, agregó Almagro, en alusión al documento regional de defensa de la institucionalidad que rige desde 2001.
El martes, víspera del comienzo de la Asamblea General de la OEA, el cónclave hemisférico anual que se celebrará esta semana en formato virtual, Ricardo Zúñiga, secretario adjunto para las Américas en el Departamento de Estado estadounidense, pidió una “respuesta regional contundente”.
“Los países de la OEA deben exigir juntos la restauración de la democracia en Nicaragua y la liberación inmediata incondicional de los presos políticos detenidos”, dijo durante una teleconferencia de prensa.
Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, “han impuesto una dictadura basada en el personalismo y el poder familiar”, afirmó Zúñiga.
“Resulta paradójico que Ortega y Murillo estén estableciendo una dictadura dinástica dirigida por una familia al igual que lo hizo la dictadura de Somoza”, abundó.
Ortega ayudó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) a derrocar en 1979 al dictador Anastasio Somoza.
La situación en Nicaragua, sumida en una profunda crisis política tras las masivas protestas contra Ortega que estallaron en 2018, se debatirá en la Asamblea General de la OEA a pedido de Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Paraguay, según el temario tentativo publicado por el ente regional.
La cita se realiza luego de que 26 de los 34 miembros activos de la OEA aprobaron el 20 de octubre una resolución pidiendo elecciones libres en Nicaragua y exigiendo la “liberación inmediata” de los opositores detenidos.
El texto, muy similar a otro adoptado el 15 de junio con igual número de votos a favor, advierte que la OEA puede tomar “otras acciones” con relación a Nicaragua durante su Asamblea General, el máximo órgano de la organización.
Almagro ya pidió en junio activar los mecanismos para aplicar a Nicaragua el Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
Esta disposición establece que un país puede ser suspendido de la OEA si dos tercios de los Estados miembros deciden que se ha producido una “ruptura del orden democrático” y “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas” para revertir la situación.
La suspensión debe ser votada en una Asamblea General y entraría en vigor de inmediato. Pero la Carta establece que el país suspendido debe seguir cumpliendo sus obligaciones “en particular en materia de derechos humanos”, y que la OEA seguirá realizando gestiones diplomáticas para restaurar la democracia.
Un informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA difundido el martes por Almagro describe el “quiebre de la democracia en Nicaragua”, y exige la “urgente” liberación de los opositores detenidos, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
El reporte señala ausencia de separación de poderes, autoridad electoral “cooptada” por el Ejecutivo, libertad de expresión “bajo ataque”, críticos del gobierno presos, partidos políticos cancelados, falta de observación electoral independiente, disidentes exiliados y falta de garantías de respeto de los derechos humanos.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) advirtieron de nuevas sanciones para presionar por la restauración democrática en Nicaragua. Ya han sido objeto de medidas punitivas la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como tres hijos de la pareja y altos funcionarios de la Policía, el Ejército y el Banco Central.
