AFP.- El Vaticano podría perder 100 millones de libras, unos 135 millones de dólares, con la venta de un polémico edificio de lujo en Londres, adquirido en parte con el Óbolo de San Pedro, el dinero que los fieles de todo el mundo donan al papa para los pobres.
Según el diario Financial Times, que cita fuentes no identificadas, el Vaticano está por concluir la venta del edificio al grupo privado administrador de activos financieros, Bain Capital, por aproximadamente 200 millones de libras (233 millones de euros, 270 millones de dólares).
Se trataría de cerca de 100 millones de libras menos de lo que pagó para adquirirlo en 2014.
La oscura compra del lujoso edificio en Londres y el entramado de empresas y fondos que dejaron un agujero en las finanzas de la Santa Sede son el eje de un juicio iniciado en julio por el tribunal penal del Vaticano, un escándalo que afecta la imagen de la Iglesia.
La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.
El uso imprudente de parte del dinero para los pobres que cada año donan las iglesias de todo el mundo para las obras de caridad del papa, también contribuyó al escándalo.
El caso además representa un reto para el papa Francisco, ya que revela el descontrol en las finanzas vaticanas, por lo que tuvo que iniciar una reforma interna, y de hecho saca a la luz los privilegios oscuros de varias entidades vaticanas.
En el considerado el mayor juicio por corrupción y malversación en la historia del Vaticano ha sido acusado el cardenal italiano Angelo Becciu junto con un grupo de ocho acusados, entre empresarios y funcionarios de la Curia Romana.
Los acusados se enfrentan a varios años de prisión por fraude, malversación de fondos, extorsión, blanqueo de dinero y abuso de poder en un escándalo que incluye complicidades con el espionaje y paraísos fiscales.
El juicio, con peticiones de anulación y dudas, está trancado debido al pedido de anulación de la causa, exigido a inicios de octubre por la defensa, por los “errores” cometidos durante el proceso de instrucción.
