AFP.- En América Latina y el Caribe, los efectos negativos de la pandemia de covid-19 en términos de productividad, empleo y capital humano podrían “tomar muchos años en revertirse”, advirtió el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El crecimiento para la mayor parte de la región no está volviendo a la trayectoria que habíamos previsto antes de la pandemia”, dijo el director interino del departamento de las Américas del FMI, Nigel Chalk, al revelar las perspectivas económicas para la región.
El FMI subió su previsión de crecimiento para 2021 para los países latinoamericanos y caribeños, a 6,3%, 0,5 puntos porcentuales más que lo estimado en julio. Pero para 2022 revisó a la baja su proyección, a 3% (-0,2 puntos).
Aunque el repunte ha sido sostenido este año, no ha sido suficiente para borrar la histórica recesión de 2020 en la región, que supuso una contracción del PIB de 7%, muy por encima del -3,1% a nivel mundial.
“Los países deben prepararse para que esta recuperación no sea un camino lineal. En cambio, deben anticipar un camino largo y sinuoso”, señaló Chalk.
El panorama actual muestra un desigual repunte del empleo, con mayor impacto en los jóvenes, los menos educados y las mujeres, incertidumbres sobre la productividad, y un “daño importante” al capital humano por el cierre prolongado de las escuelas, según el informe.
También persisten “desafíos” en el sector del turismo, especialmente en el Caribe, donde “es probable que la cantidad de visitantes este año solo alcance alrededor del 60% de los niveles anteriores al covid-19”.
– Presiones inflacionarias –
El FMI alertó además sobre el impacto en la región del aumento de los precios de las materias primas y los alimentos, las interrupciones de la cadena de suministro y los incrementos globales de los precios de los bienes, que impulsan al alza los precios al consumidor.
“Las presiones inflacionarias se están convirtiendo en una característica importante para gran parte de la región”, alertó Chalk, previendo que los aumentos de las tasas de interés “continúen en muchos países en los próximos meses”.
“Muchos bancos centrales de la región han reaccionado correctamente a estas presiones elevando las tasas de interés oficiales y subrayando su compromiso con sus metas de inflación”, indicó Chalk.
Para Latinoamérica y el Caribe, el FMI proyecta una inflación de 9,7% para 2021 y de 6,9% para 2022. En Sudamérica la proyección es particularmente alta con relación al resto de la region: de 12% para 2021 y 8,9% para 2022.
En este contexto, el FMI recomienda poner en marcha “políticas ambiciosas”, mejorar la eficiencia del gasto público, promover “un sistema tributario progresivo y propicio al crecimiento”, o incluso invertir más en proyectos para luchar contra el calentamiento global.
También recomendó prudencia al retirar las ayudas públicas extraordinarias que se dispusieron para contrarrestar el impacto de la pandemia sobre hogares y empresas, y pidió tener igualmente en cuenta que es necesario “volver a poner la deuda en una senda descendente”.
– Vulnerabilidad al cambio climático –
En un informe separado sobre cambio climático, también publicado el jueves, el Fondo señala que esta región es una de las más diversas en términos de riesgos relacionados con el clima.
A nivel mundial, la región de América Latina y el Caribe produce emisiones de gases de efecto invernadero proporcionales a su tamaño económico y población, que representan el 8,4% de las emisiones globales para un peso del 8% del PIB mundial.
Pero los volúmenes son muy disímiles, con Brasil, México y Argentina como los mayores emisores y las economías del Caribe con una participación marginal.
Aunque los países latinoamericanos y caribeños son en su conjunto menos vulnerables al cambio climático, “existen focos de gran vulnerabilidad”, como la zona del Caribe.
De hecho, estos países se distinguen “en términos de frecuencia e impacto económico de desastres naturales de origen meteorológico por área”, señalan los autores del informe.
En el Caribe, los daños causados por desastres naturales representan el 2,5% del PIB anual, “afectando a grandes segmentos de la economía y la población”, lo que pesa fuertemente sobre las finanzas públicas.
