AFP.- Donald Trump presentó una demanda para bloquear la divulgación de registros de la Casa Blanca relacionados con la insurrección del 6 de enero, que fue acusado de incitar y le valió un intento de destitución, según documentos judiciales revelados el lunes.
El expresidente alega el “privilegio ejecutivo” para impedir que exayudantes entreguen pruebas al Congreso, en un escalamiento de esfuerzos para obstaculizar a los investigadores del Congreso que siguen la pista del mortal asalto al Capitolio, en Washington.
La impugnación probablemente desencadenará un prolongado enfrentamiento de alto nivel en los tribunales que pondrá a prueba la autoridad constitucional del Congreso para investigar al Ejecutivo.
Miles de seguidores de Trump tomaron por asalto el Capitolio hace nueve meses en un intento por revertir la victoria electoral del presidente Joe Biden.
Fueron alentados por Trump, quien había dado más temprano un discurso encendido sobre alegaciones de fraude que culminaron semanas de reclamos sin fundamento sobre la contienda que perdió limpiamente ante Biden.
“La petición del comité no es otra cosa que una vejatoria e ilegal” ofensiva “abiertamente respaldada por Biden y designada para investigar de forma inconstitucional al presidente Trump y su administración”, dice la demanda interpuesta ante el tribunal del distrito de Washington.
Los investigadores del Congreso buscan testimonios de funcionarios que puedan explicar qué tanto sabía Trump – quien considera la posibilidad de volver a postularse para un segundo mandato en 2024- del ataque antes de que ocurriera, y qué hizo mientras tuvo lugar.
Desde finales de agosto, los Archivos Nacionales ha estado enviando a Biden y Trump voluminosos registros requeridos por los investigadores, dándoles 30 días para revisar el material.
La Corte Suprema ha dictaminado que el presidente puede mantener algunos documentos y conversaciones confidenciales para permitir conversaciones más sinceras con sus ayudantes.
Pero ningún tribunal se ha pronunciado sobre si el privilegio se extiende a los expresidentes. Por ahora Biden tiene la última palabra y ha permitido que se libere un primer lote de documentos pese a las objeciones de Trump.
La demanda pide a un juez federal declarar inválido cualquier pedido del comité legislativo e impedir a los Archivos Nacionales entregar más material.
Aunque parece probable que pierda la demanda, el intento podría atrasar la divulgación de los archivos por meses o años, amenazando con posponer el informe del ataque a una fecha más cerca de las elecciones de medio mandato de 2022, lo que permitiría acusaciones de sesgo por parte del entorno de Trump.
El expresidente ha pedido que los ayudantes de más alto nivel -desde su último jefe de gabinete, Mark Meadows, hasta el estratega político Steve Bannon- desafíen la citación a comparecer ante el selecto comité.
