Brasil | AFP | El Senado brasileño instaló en abril una comisión para investigar posibles omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate a la pandemia de coronavirus, que dejó más 600.000 muertos en el país.
En cinco meses, los legisladores convocaron a decenas de testigos y revelaron una serie de fallas en los bastidores de la gestión de la emergencia sanitaria que podrían acarrear consecuencias penales y políticas para el presidente y otros miembros del gobierno.
Los senadores hurgaron en las responsabilidades durante el desabastecimiento de oxígeno en la ciudad amazónica de Manaus en enero pasado. La falta de oxígeno dio lugar a escenas de familias desesperadas haciendo fila para abastecer a sus seres queridos contagiados de covid, y decenas de muertes por asfixia en medio de una segunda ola de covid agravada por la variante Gama.
El exministro de Salud Eduardo Pazuello culpó a la empresa distribuidora y a las autoridades sanitarias locales de no haber advertido a tiempo que faltaría oxígeno.
”No era el dinero lo que faltaba, era el oxígeno. Por problemas logísticos, la incompetencia del gobierno federal, las autoridades locales y muchos otros”, dijo Omar Aziz, presidente de la comisión investigadora, la CPI.
Revelaron además que el director ejecutivo de Pfizer para América Latina afirmó ante la CPI que el gobierno ignoró al menos tres ofertas de 70 millones de dosis anticovid en agosto de 2020.
La adquisición habría permitido a Brasil iniciar su campaña de vacunación con un mes de antelación, en diciembre, como en la mayoría de los países europeos.
La comisión identificó irregularidades en las negociaciones entre el Ministerio de Salud y Precisa Medicamentos, que se decía representante de la farmacéutica india Bharat Biotech.
El director del Departamento de Importación del Ministerio de Salud, Ricardo Miranda, relató haber sufrido una “presión atípica” para sellar un contrato de compra de millones de dosis de la vacuna Covaxin que consideró sobrevaluadas.
La CPI investiga las conexiones entre Brasilia y operadoras privadas de salud en la promoción del “tratamiento precoz” contra el covid con medicamentos ineficaces, según la ciencia, como la hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina.
Las principales acusaciones recaen sobre la operadora Prevent Senior, sospechosa de aplicar tratamientos experimentales con esos fármacos sin consentimiento de los pacientes, y presionar a médicos para recetarlos.
CPI sospecha de los vínculos de la empresa con un “gabinete paralelo” del gobierno de Bolsonaro que intentaba imponer el “tratamiento precoz” para evitar restricciones que afectaran la actividad económica.
