Cuando apareció el mensaje en su teléfono, Samuel Alfaro no lo podía creer.
Su cita con el servicio de inmigración para hablar de su solicitud de acogerse al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido por sus siglas en inglés, DACA), por la que esperó meses, había sido cancelada por una orden de un tribunal que suspendió las protecciones aprobadas bajo el gobierno de Barack Obama para las personas sin permiso de residencia que fueron traídas a Estados Unidos de niños.
“Pensé que era algún engaño”, dijo este muchacho de 19 años, de Houston, respecto al mensaje que recibió el domingo por la noche, horas antes de su cita.
Alfaro se metió en el portal de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración. “Lo revisé por horas”, comentó. Más tarde, recibió un email confirmando que sí, que era cierto.
Ahora se siente “bastante triste”.
Miles
Alfaro no está solo. Decenas de miles de personas se encuentran en su misma situación tras el fallo del 16 de julio de un juez federal de Texas que declaró el DACA ilegal, aunque sin que ello afecte a las personas que ya se acogieron al programa.
El dictamen impide al gobierno aprobar nuevas solicitudes, como la del Alfaro, cuyos padres lo trajeron de México cuando tenía dos años, junto con su hermano mayor. Inmigrantes y activistas dicen que van a apelar el fallo.
Acatarán orden
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, por su parte, dijeron que “cumplirán con la orden del tribunal y seguirán implementando las partes del DACA que siguen vigentes”.
Este es un nuevo giro de un programa que ha sido suspendido y revivido varias veces desde que Obama lo creó mediante un decreto presidencial en el 2012.
Su sucesor Donald Trump anunció a poco de asumir que ponía fin al programa, pero la Corte Suprema determinó el año pasado que no lo había hecho de una forma adecuada y lo revivió, permitiendo que más personas es acogiesen a él.
El fallo que lo declara ilegal corresponde a una demanda presentada por Texas y otros ocho estados, según la cual Obama no tenía autoridad para crear semejante programa en un área que era jurisdicción del Congreso.
El juez de distrito Andrew Hanen, de Houston, estuvo de acuerdo, diciendo en su fallo que “la clara articulación en el Congreso de leyes para la expulsión, la presencia legal o la autorización para trabajar ilustra la intención de reservarse la autoridad de determinar el marco legal del sistema de inmigración”.
Abogados de inmigración dicen que el fallo del tribunal revive los temores por el futuro del programa y nuevamente coloca a inmigrantes jóvenes en una situación precaria.
Pendientes.
El servicio de inmigración tenía 90.000 solicitudes de DACA pendientes, según Astrid Silva, directora ejecutiva de Dream Big Nevada.
Pocas.
Silva dijo que su organización recibió 50.000 solicitudes en el primer trimestre del año, pero que se había pronunciado solo en torno a poco más de 1.000.
Pacientes.
Al reanudarse en diciembre la recepción de solicitudes, Silva dijo que los activistas se mostraron pacientes con las demoras, atribuidas a la pandemia.
