AFP.- Entre exuberantes montañas, habitantes de comunidades pobres del estado mexicano de Guerrero (sur) votan silenciosos este domingo. Prefieren hablar bajito o anónimamente de la violencia que los acecha y que segó la vida de ocho políticos locales tan solo en esta campaña electoral.
Francisca Alvarido, habitante de la comunidad Atzacoaloya, en el municipio de Chilapa, alza las cejas y abre mucho los ojos al describir la inseguridad que vive su pueblo a causa de bandas de narcotraficantes.
“Los policías están allá arriba, no vienen para acá abajo”, dice quedamente esta indígena nahua de 41 años, señalando las comunidades de las montañas.
En Guerrero se vota este domingo por la gobernación, el Congreso local y 80 alcaldías, entre ellas la de Chilapa. Son parte de los más de 20.000 cargos que se renuevan en todo el país.
De los ocho políticos asesinados en Guerrero, cuatro eran aspirantes a un puesto de elección popular.
Al salir de la casilla electoral, instalada en una cancha de básquetbol, un hombre se coloca unos lentes oscuros y habla del miedo que sacude la región. Declina dar su nombre.
“Hay muchas amenazas por todas partes, está terrible esto. No hay respeto por nada. Todo está muy difícil por aquí”, dice antes de continuar su camino por una calle sin pavimentar.
Al menos cuatro candidatos a diversos cargos en Chilapa pidieron protección de las fuerzas de seguridad por amenazas de muerte, según documentos del Instituto Electoral de Guerrero revisados por la AFP.
Pero la violencia no se limita a Guerrero.
Otro 91 políticos fueron ultimados en todo el país desde septiembre, cuando arrancó el proceso. De ellos, 36 eran candidatos o precandidatos, en su mayoría a cargos municipales, según la consultora privada Etellekt.
- “No los dejan votar”
Tanto en Guerrero como en Michoacán (oeste) surgieron en 2013 grupos de autodefensa ante el embate de los cárteles, que alegaban que el gobierno los había dejado en el olvido.
En el centro de votación de la vecina comunidad de Alcozacan, las mesas están dispuestas sobre una cancha de básquetbol, que funge de mirador de las majestuosas montañas.
Desde una calle aledaña y a bordo de una camioneta, uno de los líderes de la llamada policía comunitaria -un grupo de autodefensa reconocido por las autoridades- observa las casillas. En el asiento del copiloto, lleva un fusil y varios chalecos antibalas.
Ante posibles ataques de grupos armados, la “policía comunitaria está reactivada” durante la jornada electoral, dice Isaías Posotempa, de 55 años y coordinador de esta fuerza civil conocida como CRAC-PC por sus siglas.
“Los del crimen organizado llegan con (acechan a) los líderes comunitarios para dividir a la gente”, añade Posotempa.
El gobierno mexicano atribuye las agresiones a narcotraficantes que buscan ampliar su poder sobre las autoridades.
El ambiente “no está tranquilo, está tenso”, comenta a su vez Jesús Plácido, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, otra de las policías comunitarias regionales.
- “Permanentes agresiones” –
Detrás de Plácido, puede verse a unas cuantas mujeres y ancianos, acompañados de niños, votando en silencio.
“Tenemos permanentes las agresiones del grupo Los Ardillos (cártel) que quieren desplazar más comunidades, tomar el control y seguir matando mujeres, hombres y niños, metiendo caos y miedo”, prosigue.
En la comunidad Ayahualtempa, la policía comunitaria entrena incluso a menores de edad en el manejo de armas para enfrentar a Los Ardillos. Toda esa fuerza de seguridad resguarda las elecciones este domingo.
Algunos guardias comunitarios, con el fusil colgando en la espalda, también sufragan.
“No tenemos facilidad de ir a vender nuestros productos que nosotros sembramos por el miedo” a ser secuestrados o asesinados por Los Ardillos, dice Juanita Filomena, una mujer menudita que lleva de la mano a una niña de unos cinco años.
Aunque reconoce la protección que les brinda la policía comunitaria, Filomena, de 41 años, suplica por “un gobierno que” los “respalde”.
En Guerrero operan al menos 14 cárteles de narcotraficantes, según datos de la secretaría de Seguridad Pública estatal.
jg/jla/gma
© Agence France-Presse