El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció este viernes que su Gobierno romperá el acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) que da vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).
“Hemos decidido que como Presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-Cicies porque es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, dijo Bukele en una conferencia de prensa.
El presidente de El Salvador acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de promover la impunidad en el país con el nombramiento como asesor de Ernesto Muyshondt, un ex alcalde que afronta dos procesos penales. “El secretario general le otorga impunidad o intenta otorgarle impunidad a un criminal salvadoreño, él (Almagro) sabía de esto”, señaló el presidente en una rueda de prensa.
El mandatario, quien criticó a Almagro, aseveró que “ya no se puede confiar en la OEA” porque, a su juicio, está “promoviendo una agenda política” y había un “otorgamiento de impunidad a un criminal”, en referencia a Muyshondt.
El jueves Almagro anunció en Twitter que Muyshondt, ex alcalde de San Salvador (2018-2021), se unía como “asesor a la Secretaría General”.
Tras esa designación, Bukele anunció que decidió romper el convenio con la OEA que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES) en El Salvador.
“La OEA no tiene ninguna intención de combatir la impunidad” en país, sostuvo Bukele, quien consideró que “falló” al escoger a la OEA para liderar esa comisión, que se instaló en septiembre de 2019 a pedido del gobierno salvadoreño para dar asistencia técnica a la fiscalía.
Luego de las declaraciones de Bukele, el fiscal general, Rodolfo Delgado, anunció que da por terminado el convenio con la OEA.
Muyshondt enfrenta un proceso penal desde febrero de 2020. La Fiscalía General lo acusa de reunirse con líderes pandilleros antes de las elecciones presidenciales de 2014 para negociar, presuntamente mediante el pago de dinero, el voto de esos grupos delictivos en los comicios. El ex alcalde siempre negó haber negociado con grupos criminales.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/YSCQ4LE6RFAFJP4625C4GNISLA.com%20420w)
“No podemos tomar otra decisión posible (romper el convenio con la secretaría general de la OEA). ¿Cómo podemos continuar con una comisión contra la impunidad con alguien que lo que hace es brindar impunidad a un criminal?”, inquirió Bukele.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/PKULAEC3TFBHDLHGBPTNDOZG6M.jpg%20420w)
El ex alcalde de San Salvador y reciente asesor de la OEA Ernesto Muyshondt escoltado por la Policía
Agregó que su gobierno “buscará en la comunidad internacional” apoyo para instalar otra comisión que luche contra la impunidad y la corrupción. “Viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estás instituciones (internacionales) va a ser difícil, pero lo vamos a lograr”, concluyó.
La decisión de acabar con la CICIES ocurre en momentos que la comunidad internacional cuestiona a Bukele por tratar de concentrar el poder con ayuda del Congreso, que destituyó a un grupo de magistrados y al fiscal general.
Tras la emisión de esa orden, la Fiscalía instruyó a la Policía proceder a su detención por delitos relacionados con la hacienda pública, por lo que Muyshondt guarda prisión en un calabozo de la policía.
Muyshondt, que gobernó bajo la bandera de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y perdió la reelección en febrero pasado ante el candidato del oficialismo, criticó la decisión y aseguró que ahora es un “preso político”.
“Enfrenté a un régimen dictatorial y autoritario, que envió turbas criminales de un ministro de Trabajo delincuente, un fiscal títere del Gobierno, presionaron a los jueces, y sus noticias falsas, acoso, hostigamiento y persecución. Me presenté, di la cara.
“Hoy soy preso político”, publicó en su cuenta de Twitter. El político añadió que responsabiliza al fiscal general, Rodolfo Delgado, y al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de “cualquier atentado en contra de mi vida”.
