Redacción, AFP.- El consejo de ministros de España decretó este viernes la imposición de un estado de alarma durante 15 días en Madrid, epicentro de la epidemia en el país, luego de que un tribunal rechazara un confinamiento perimetral para frenar el Covid-19.
El movimiento prolonga el enfrentamiento político entre el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez y las autoridades regionales de Madrid, de la oposición conservadora, que se oponen a restricciones generalizadas en la capital.
“Hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y evitar que esto se propague a otras comunidades autónomas”, indicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Con este decreto, el gobierno aplica de forma inmediata “las mismas medidas” decretadas hace una semana pero revocadas el jueves por un alto tribunal regional, argumentando que la ley empleada no amparaba la limitación de “derechos y libertades fundamentales”.
Estas restricciones afectan a Madrid y ocho municipios de la región, cuyos más de 4 millones de habitantes no podrán salir de sus localidades salvo para trabajar o motivos de estricta necesidad.
Además, se limitan los aforos en comercios y se obliga a cerrar bares y restaurantes a las 23H00 locales.
“Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica”, indicó Illa, que confía en poder “conseguir una estabilización” en dos semanas.
En un país con las competencias sanitarias derivadas a las regiones, el estado de alarma centraliza la gestión en el gobierno, que lo empleó entre marzo y junio para amparar el severo confinamiento de todos el país.
– Oposición de las autoridades madrileñas –
Es “una medida que ningún madrileño va a entender”, criticó el consejero regional de Salud, Enrique Ruiz Escudero. “Cada día que pase (…) vamos a pedir que se levante el estado de alarma”, añadió.
COMUNIDAD DE MADRID/AFP /
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, durante una rueda de prensa el 8 de octubre de 2020 en Madrid, España
Desde su administración defienden que las restricciones impuestas selectivamente desde septiembre en los barrios con más contagios, especialmente zonas obreras al sur de la región, ya estaban dando resultados.
De rozar los 800 casos por 100.000 habitantes a finales de septiembre, la incidencia había bajado a 564 casos, contra una media española de 257, una de las más elevadas de Europa.
Ante este argumento, el ministro recordó que 63 personas fallecieron por covid-19 esta semana en Madrid y casi 500 se encuentran en cuidados intensivos.
“No hay más ciego que el que no quiere ver”, dijo Illa, subrayando que ciudades como París, Londres o Berlín implantaron medidas similares con incidencias mucho más bajas.
– Ultimátum de Sánchez –
El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, había lanzado el jueves un ultimátum a la dirigente regional, Isabel Díaz Ayuso, figura destacada del conservador Partido Popular.
Si no adoptaba una normativa regional para aplicar las medidas suspendidas o solicitaba ella misma la declaración del estado de alarma, el gobierno lo haría en un consejo de ministros extraordinario.
La reunión empezó a mediodía y se alargó durante dos horas, presidida por la número dos del ejecutivo Carmen Calvo, dado que Sánchez se encontraba en un viaje con el rey Felipe VI a Barcelona.
La presidenta regional había pedido más tiempo para buscar medidas intermedias que evitaran el estado de alarma, pero el gobierno tiró adelante.
AFP / Patricio ARANA
Madrid
“Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar el virus (…) La presidenta de la comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada”, arremetió el ministro Illa.
Junto a él compareció el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien anunció un dispositivo policial para evitar la salida de las zonas afectadas ante un largo fin de semana por la celebración de la fiesta nacional del 12 de octubre.
Mientras, 55 asociaciones científicas y médicas que representan a 170.000 profesionales publicaron un manifiesto en el que piden el fin de las batallas políticas.
“Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político”, señala la petición, que al mediodía ya había sido firmada por 100.000 personas en Change.org.
Fuente: AFP
