La medida se produce en medio de una nueva extensión de una cuarentena que los ciudadanos evaden cada vez más debido al agotamiento por el encierro.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, desató una polémica al prohibir nuevamente por decreto las reuniones sociales y familiares en el país debido al incremento de contagios y muertes provocados por la pandemia de coronavirus.
La norma, que regirá durante 15 días, forma parte de la novena extensión de la cuarentena obligatoria que rige en el país desde el pasado 20 de marzo.
Desde entonces, el covid-19 ha dejado un saldo de 201.919 contagios confirmados y 3.667 fallecimientos, además de la intensificación de una crisis económica que Argentina ya arrastraba desde el año pasado, el aumento de protestas de la oposición y el desgaste generalizado de la ciudadanía ante el encierro.
Aunque el 95 % de los casos se han registrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en las últimas semanas las cifras comenzaron a aumentar de manera paulatina en varias provincias del país en las que la cuarentena ya se había flexibilizado.
En algunas, por ejemplo, ya habían reabierto bares y restaurantes y el comercio en general, e incluso se autorizaron reuniones con la familia o con los amigos que no excedieran de 10 personas y respetando las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación de la pandemia.
Pero como los números comenzaron a aumentar, el gobierno decidió endurecer de nuevo las estrategias de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio a través de un decreto que se formalizó este lunes y que incluye sanciones para quienes incumplan las restricciones acorde a lo que establece el Código Penal.
“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, señala el artículo 205 del capítulo correspondiente a delitos contra la salud pública.
Esfuerzos para controlar la pandemia
El decreto, en el que se aclara que las medidas tienen por objeto proteger la salud pública en el marco de una pandemia que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), divide al país en dos áreas.
La primera abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la provincia de Jujuy y algunas ciudades de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en donde se aplican las medidas más estrictas porque es donde hay más brotes de coronavirus.
Por el contrario, la segunda zona, que incluye al resto del país, seguirá teniendo políticas más laxas, aunque lo que ya no puede haber en ningún caso son reuniones familiares ni sociales.
Los sectores más radicalizados de la oposición denunciaron que el país está al borde de un estado de sitio e insistieron en comparar al gobierno con una dictadura, aunque otros se limitaron a criticar la medida de la misma manera que han denostado la estrategia general del gobierno desde que estalló la pandemia.
Por el contrario, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es de un partido político contrario al del presidente, salieron a respaldar el decreto.
El ministro de Salud de esta capital, Fernán Quirós, advirtió la importancia de evitar encuentros personales en los hogares porque son “extremadamente peligrosos”.
También convocó a que familias, vecinos, amigos y los consorcios que administran los edificios acuerden protocolos específicos para cumplir con el decreto ya que, recordó, el virus es de fácil transmisión en espacios cerrados y mal ventilados.
Como alternativa, propuso que las personas que quieran verse lo hagan durante dos horas por la tarde pero caminando en espacios abiertos, con tapabocas y distanciamiento social.
Más que realizar operativos estrictos para hacer cumplir la prohibición de visitar a amigos o familiares, funcionarios del gobierno nacional y capitalino apelaron más bien a la responsabilidad social para que sean los ciudadanos quienes respeten el decreto por voluntad propia.
El problema es que cada vez es más evidente que hay un agotamiento por el largo tiempo de encierro que se refleja en las reuniones de adolescentes en las calles, en las familias y amigos que se van a las plazas y parques, en los clientes que atestan las calles principales y en las parejas que salen a pasear, a pesar de que todo ello, en teoría, está prohibido.
Las autoridades tampoco han podido evitar las recurrentes protestas colectivas en la vía pública, entre ellas las de quienes se oponen a obedecer cualquier decisión oficial que se imponga para tratar de frenar la pandemia.
Recién el sábado pasado, en pleno centro de Buenos Aires hubo una protesta en ese sentido, que se realizó principalmente en caravanas de vehículos. Los manifestantes ya convocaron a otra movilización para el 17 de agosto.
Por otra parte, aunque la prohibición de reuniones en los hogares implica el endurecimiento de la cuarentena, también hay flexibilizaciones, ya que en la ciudad de Buenos Aires desde hoy se autorizó la reapertura de locales en múltiples zonas comerciales.
Cecilia González
Fuente: RT
