Según una denuncia, se usaron al menos 5 millones de dólares de empresas públicas para financiar la campaña a favor del “Sí”, que impulsaba el presidente Lenín Moreno.
En medio de la pandemia del coronavirus, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador investiga decenas de denuncias de presunto peculado en hospitales, alcaldías y otras instituciones públicas, un escándalo de corrupción salpica al Gobierno del presidente Lenín Moreno.
El caso está vinculado a la campañas por el “Sí”, en la consulta popular de 2018, plebiscito impulsado por el propio mandatario, según reveló una publicación del medio ecuatoriano La Posta, que bautizó el caso como “Arrozmoreno”.
Según ese medio, “una fuente del antiguo círculo cercano al presidente” entregó material que revela que la campaña por el “Sí” se financió de manera corrupta; concretamente, se usaron, al menos, 5 millones de dólares de empresas públicas para tal fin.
De acuerdo con los archivos, el dinero provino de empresas estatales como Petroecuador, Petroamazonas, la Empresa Nacional Minera (ENAMI), Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE), Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), Ecuador Estratégico, Fabricamos Ecuador (FABREC), Casa Para Todos y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC); solo esta última aportó un millón de dólares.
Juan Ruiz / AFP
En la lista también aparecen Correos del Ecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Según la denuncia, del monto recaudado entre estas instituciones públicas, se gastaron 1,4 millones de dólares en control electoral, 30.000 en avanzada, 100.000 en acción política, 1,5 millones en brigadas, 200.000 en imprevistos, 300.000 en movilización y el 1,5 millones restantes se movió en efectivo.
Según la denuncia, en mayo de 2018, se hizo la entrega de liquidación de gastos de esta campaña a favor del “Sí”, y el monto legalmente reportado no llega ni siquiera al medio millón de dólares.
En Ecuador, está prohibido el uso de fondos públicos para el financiamiento de campañas electorales. Estas acciones pueden ser fondeadas con las aportaciones de los afiliados a los partidos y donaciones voluntarias (cuyo monto tiene un techo); además, hay un fondo que otorga el CNE, pero es manejado por el mismo ente.
La victoria del “Sí” en las siete preguntas de esa consulta, permitió que se hicieran varias reformas políticas en el país, como la eliminación de la reelección indefinida; la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que luego hizo cambios de autoridades en casi todos los poderes del Estado, incluyendo el nombramiento de la fiscal general Diana Salazar; entre otras.
Denuncia previa
La denuncia ya había sido presentada en octubre del año pasado por el legislador Ronny Aleaga; pero hasta ahora no había recibido respuesta por parte de la Fiscalía.
“Mi denuncia sobre la consulta debería derivar en allanamientos en Carondelet (Palacio Presicendial), CNE y Movimiento Alianza PAIS; se formulen cargos de inmediato y se solicite autorización a la Asamblea para enjuiciar políticamente a Lenín Moreno, gestor de la Consulta”, ha dicho Aleaga.
Moreno se pronuncia
Tras darse a conocer la denuncia, Moreno se pronunció a través de Twitter en un par de publicaciones: “No permitiré que se deslegitime la voluntad de todo un pueblo expresada en una consulta popular que se decidió por la libertad, el respeto, la democracia y la transparencia”.
Señaló que solicitará que se abra una investigación a la contabilidad de las empresas públicas mencionadas en la denuncia.
Fuente: RT
