El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, condenó el fallo judicial del juez Samuel Ventura Ramos, que este sábado concedió la libertad a 24 detenidos en el caso Ayotzinapa por la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de Iguala, estado de Guerrero.
“La resolución del juez Samuel Ventura Ramos de liberar a 24 inculpados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa es una afrenta a las víctimas y a los padres y muestra la miseria y podredumbre en que se encuentra el sistema de justicia del país”, aseguró el político en una conferencia de prensa.
Hasta la fecha, 77 personas de las 142 detenidas en este caso desde 2014 ya han sido liberadas. A principios de septiembre, el tribunal liberó a Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, presunto autor de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, tras quedar absuelto del delito de secuestro.
Encinas también advirtió que, si se mantiene la tendencia, en los próximos días podrían producirse más liberaciones.
El 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural tomó varios autobuses en Iguala para dirigirse a la Ciudad de México y participar allí en una protesta, cuando un grupo de policías locales y de individuos armados desconocidos abrieron fuego contra ellos. Seis personas fallecieron, 17 resultaron heridas y 43 estudiantes fueron desaparecidos.
Según la versión oficial, los estudiantes habían sido detenidos por agentes de Policía y luego entregados a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero de la comunidad de Cocula, Guerrero.
El caso Ayotzinapa conmocionó a la sociedad mexicana y también ha reflejado la corrupción en las entrañas de la Justicia del Estado, al ver que se han fabricado pruebas y se han obtenido declaraciones bajo tortura, una práctica generalizada en México, según ha documentado el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (SPT) de las Naciones Unidas.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a esclarecer el caso de desaparición forzada, cuya “verdad histórica”, como la anterior Administración de Enrique Peña Nieto llamó a la tesis sobre lo sucedido, fue descalificada por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta semana, el presidente López Obrador celebró una reunión con los familiares de los estudiantes casi cinco años después de aquella trágica jornada.
Durante la reunión con los padres de los 43, López Obrador asumió tres compromisos:
- Una reunión bimensual, incluso con presencia de parte importante del Gabinete, para que se vigile cómo camina la investigación.
- Reunión próxima con la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los avances del caso.
- Un diálogo directo con el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, para que el Ejército informe sobre los hechos acontecidos en Iguala.
Fuente: RT Actualidad