LOS ANGELES (AP) — El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles pagará 88 millones de dólares para resolver demandas por abusos sexuales contra dos maestros que afectaban a 30 estudiantes de dos escuelas de primaria, según anunciaron los abogados de la acusación el lunes.
Los dos acuerdos, uno por 58 millones de dólares y el otro por 30, están entre los más elevados firmados por el departamento, que cerró el caso Miramonte, también por abusos sexuales, con la cifra record de 139 millones de dólares. Los perturbadores detalles del caso Miramonte provocaron un renovado escrutinio y atrajeron atención nacional sobre el asunto, además de animar a la presentación de decenas de demandas como las solventadas en el nuevo acuerdo.
Los dos veteranos profesores implicados, Robert Pimentel en la escuela De La Torre de Wilmington y Paul Chapel III en la Telfair Avenue Elementary de Pacoima, cumplen largas penas de prisión tras declararse no culplables de las agresiones.
Los 18 estudiantes del centro De La Torre cerraron su caso por 58 millones y los 12 de Telfair por 30 millones, según un comunicado de sus abogados del bufete Manly, Stewart & Finaldi.
Las escuelas están en los extremos opuestos del vasto distrito escolar y los casos de abusos no estuvieron conectados, pero las víctimas tienen el mismo despacho de abogados y cerraron sus pactos al mismo tiempo.
Las familias recibirán unos tres millones de dólares cada una.
La demandas sugerían que el distrito escolar no se tomó en serio las primeras quejas sobre el comportamiento de los profesores.
Documentos judiciales apuntan que Chapel siguió dando clase hasta seis semanas después de la denuncia presentada por un padre y de que los estudiantes confirmaran que besaba a niños y niñas en clase.
"Estos históricos acuerdos se produjeron por las pruebas abrumadoras de que el distrito ignoró las advertencias, reportes de empleados y quejas de los padres sobre que esos dos hombres horribles estaban abusando sexualmente de decenas de niños en las aulas", dijeron los abogados de los demandantes en un comunicado. "Esos reportes llegaron a los niveles más altos de la dirección del distrito, donde fueron ignorados por completo o suprimidos activamente, lo que permitió que los agresores continuasen en las aulas".
Responsables de la escuela y el distrito nombrados en las demandas negaron repetidamente las acusaciones.