La decisión de la comisión integrada por 65 diputados fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra tras una sesión tensa, que duró casi once horas y reflejó el enconado clima político en que se ha sumergido Brasil, palpable también en la adopción de unas medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso.
En la Cámara baja, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todo apunta a una ligera ventaja para la oposición.
No obstante, todos los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo cual abre un enorme margen de dudas, pues si los favorables a la destitución de Rousseff no alcanzan ese número el proceso será archivado.
En caso de que el pleno de la Cámara baja acepte la acusación, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se abre el propio juicio político contra Rousseff.
Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso.
El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, ha decidido romper con el Gobierno.
Sin embargo, Temer está bajo la amenaza de un juicio político, por firmar algunos de los decretos que facilitaron las maniobras fiscales que sustentan la acusación contra Rousseff.
En ese sentido, alerta de que "pase lo que pase" será necesario configurar un Gobierno volcado a la "salvación nacional" y también de que harán falta "muchos sacrificios" para que el país recupere la concordia y el camino del crecimiento económico.