"Las direcciones nacionales y de Bloque han hecho las averiguaciones pertinentes en los dos Frentes citados (7 y 49)… y certificamos que en ninguno de ellos ha militado o se conoce siquiera al personaje en mención", aseguraron las FARC en un comunicado publicado la noche del sábado en su cuenta de Twitter.
Se trata de Héctor Albeidis Arboleda, capturado en España y luego puesto en libertad provisional mientras la justicia de ese país decide si lo extradita o no a Colombia.
Medios locales, como el canal Caracol, han publicado informes que dan cuenta de que Arboleda habría practicado hasta 500 abortos no consentidos a mujeres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Sin embargo, las FARC sostiene que el caso de Arboleda no es más que "un montaje judicial y mediático", entre otras cosas, porque ese tipo de hechos "merecen nuestro total y decidido rechazo como organización ya que va en contra de nuestros principios y lineamientos".
Según el comunicado, "el aborto no es considerado un método de contracepción" en la organización alzada en armas, y la violencia sexual en su interior puede ser castigada hasta con la "pena máxima".
El 11 de diciembre, el fiscal general, Eduardo Montealegre, dio cuenta de que la entidad a su cargo tenía documentados unos 150 casos de mujeres de las FARC que fueron obligadas a abortar ilegalmente.
De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía tiene elementos que demuestran "que el aborto forzado fue una política de las FARC, una política que estaba fundamentada en el hecho de forzar la mujer combatiente al aborto para no perderlas como instrumento de guerra".
El aborto es legal en Colombia cuando el embarazo es producto de una violación, pone en peligro la vida de la madre, o cuando el feto padece una malformación incompatible con la vida extrauterina.
Desde fines de 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC participan en Cuba en un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de confrontaciones entre las partes.
El 23 de septiembre pasado, Santos y el máximo jefe de las FARC, alias "Timoleón Jiménez" o "Timochenko", acordaron en La Habana el punto más complejo de la negociación: la justicia transicional o la forma como los actores del conflicto armado colombiano pagarán por sus delitos.