El operativo estuvo enfocado en familias y niños que fueron detenidos después del 1 de mayo del 2014 tras cruzar la frontera de manera ilegal, tienen órdenes finales de deportación y han agotado las posibilidades de regularizar su situación migratoria.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) realizó el operativo principalmente en Georgia, Texas y Carolina del Norte y ahora los detenidos están siendo llevados a centros del ICE para ser procesados y luego ser deportados a sus países en avión, añadió Johnson en un comunicado.
"Esto no debe ser una sorpresa. Durante meses, he dicho públicamente que personas que caben dentro de las prioridades que tenemos al momento de aplicar la ley, como familias y niños no acompañados, serán deportados", agregó el secretario. "Como he dicho en repetidas ocasiones, nuestras fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal; si es que vienes ilegalmente, te deportaremos conforme a nuestras leyes y valores".
Operativos como el del fin de semana seguirán ocurriendo en el futuro cada vez que lo "consideremos apropiado", agregó el secretario.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dijo a The Associated Press que tenía información sobre posible deportación de al menos 300 personas, muchas de las cuales eran familias.
"Hasta el domingo por la noche teníamos información de 26 guatemaltecos detenidos con orden final de deportación" dijo Morales.
Las redadas han creado un clima de temor y alarma en la comunidad inmigrante, dijo Kica Matos, representante de la red Movimiento para una Reforma Migratoria Justa, que agrupa a 45 organizaciones en 35 estados.
"Las declaraciones del secretario Johnson, tratando de justificar (el operativo) que ha aterrorizado familias que escapan condiciones terribles, son verdaderamente alarmantes, dada la crisis humanitaria que empuja a los centroamericanos hacia Estados Unidos. Deportar a estas familias a condiciones espantosas no es una respuesta razonable o racional a esta crisis", dijo la activista.
Muchos inmigrantes han llamado a los números de ayuda que establecieron luego que el Washington Post informara en la víspera de la Nochebuena sobre el presunto plan del ICE, agregó Matos.
El gobierno de El Salvador puso en emergencia a todos sus consulados en los Estados Unidos y la viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Ludivina Magarin, partió el lunes hacia Estados Unidos para apoyar a sus compatriotas.
"Nuestros cónsules van estar para asesorar a nuestros compatriotas y para no permitir que se cometan atropellos en contra de ellos y para darles apoyo legal, para buscar alternativas a la situación que cada uno de nuestros compatriotas enfrente", declaró el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
El jefe de la diplomacia salvadoreña dijo que hasta el momento no han recibido ninguna persona que haya sido detenida en estas redadas, pero aclaró que no esperan una deportación masiva porque no es cierto que todos los 2,5 millones de salvadoreños que residen en Estados Unidos estén en condición irregular.
Las autoridades tuvieron consideraciones con varios inmigrantes por cuestiones de salud u otras razones personales durante el operativo, que fue supervisado por la directora del ICE Sarah Saldaña, agregó Johnson.
El operativo ocurrió después de un aumento de niños no acompañados llegando a la frontera en los últimos meses. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha reportado que 10.588 niños no acompañados cruzaron en octubre y noviembre, en comparación a 5.129 durante los mismos dos meses en el 2014.
Activistas han pedido a Obama que cancele las redadas porque dicen que enviar de regreso a su vecindario a inmigrantes que escapan de las violentas pandillas centroamericanas equivale en muchos casos a una sentencia de muerte, dado que pandilleros matarían a los deportados por haber huido.
"Si es que estas familias son deportadas, y la mayoría serían mujeres y niños, regresarán a lugares de los que huyeron para no ser asesinados, violados o torturados", agregó Matos.
Las redadas también son contraproducentes porque muchos de estos centroamericanos con órdenes de deportación podrían reabrir sus casos si tuvieran ayuda legal, según abogados de inmigración.