Santo Domingo, R.D. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, confirmó que la institución solicitó formalmente a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a la Contraloría General de la República una investigación exhaustiva sobre supuestas irregularidades en licitaciones para la compra de uniformes escolares.
Según explicó Castro, la solicitud fue realizada 35 días antes de que el caso fuera difundido en medios, luego de que se detectaran vinculaciones sospechosas entre algunas empresas oferentes y posibles inconsistencias en la documentación presentada durante los procesos de licitación.
“Nosotros mismos detectamos empresas con posibles vínculos y encontramos elementos que podrían significar colusión, pero no nos corresponde determinarlo. Por eso remitimos los hallazgos a las autoridades competentes”, indicó.
Castro describió los procesos de adquisición de INABIE como los más complejos del Estado dominicano, debido al alto volumen de participantes y la rigurosidad de las evaluaciones técnicas, financieras y legales. En lo que va de año, dijo, la institución ha recibido más de 4,000 ofertas, que han requerido más de 12,000 peritajes.
“Antes había un grupito que se llevaba todas las licitaciones y otros suplidores no cobraban. Eso ha cambiado. Ahora se hacen evaluaciones detalladas y cuando se encuentran inconsistencias, actuamos”, afirmó.
11 empleados desvinculados y 20 empresas bajo revisión
El director de INABIE informó que como parte de la investigación interna, 11 empleados fueron suspendidos y posteriormente desvinculados por su posible relación con empresas que participaron en los procesos de licitación sin los méritos adecuados. Desde que asumió el cargo, asegura haber separado del cargo a unos 40 empleados en total.
Además, la institución ha solicitado a la DGCP no certificar ni adjudicar contratos a unas 20 empresas involucradas en irregularidades.
Castro garantizó que ningún contrato ha sido certificado ni se ha desembolsado un solo peso a las empresas cuestionadas. “El erario no se ha afectado. No se han hecho transferencias ni se ha liberado un solo fondo”, sostuvo.
Detalló que las investigaciones en curso abarcan tres procesos específicos: uno de zapatos escolares, otro de polos y pantalones, y un tercero de mochilas. No se ha establecido aún el monto total de los contratos detenidos, ya que ninguno llegó a fase de certificación.
Sobre empleados públicos como oferentes
Ante cuestionamientos sobre la participación de empleados públicos como suplidores, Castro aclaró que la ley solo impide que funcionarios designados por decreto, como él mismo, participen en procesos de compras estatales. Sin embargo, otros empleados públicos sí pueden licitar en instituciones donde no trabajan, siempre y cuando no exista conflicto de interés.
Finalmente, Castro aseguró que todos los útiles escolares y uniformes están garantizados para el inicio del nuevo año escolar, reafirmando su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el bienestar estudiantil.
“Nosotros impactamos a más de dos millones de estudiantes cada año. Esta gestión no tiene escándalos de intoxicación, no hay retrasos, y hemos logrado que cada niño en el sistema público reciba uniformes de calidad, a tiempo y de forma gratuita”, concluyó.
