El abogado y especialista en relaciones dominico-haitianas, Juan Miguel Castillo Pantaleón, cuestionó este lunes varias de las medidas migratorias anunciadas por el presidente Luis Abinader el pasado domingo, al considerar que muchas de ellas ya existen y solo requieren una correcta aplicación.
Durante su participación en el programa Telematutino 11, el jurista afirmó que el país no necesita nuevas normativas para enfrentar la migración irregular, sino que se apliquen con firmeza las leyes vigentes. “Muchas de las medidas anunciadas no son nuevas, ya están contempladas en el ordenamiento jurídico. El problema es que no se ejecutan”, señaló.
Castillo Pantaleón puso como ejemplo la Procuraduría Especializada en Temas Migratorios y Trata de Personas, mencionada por el presidente entre las nuevas disposiciones. Según el abogado, esta dependencia ya existe desde el año 2013 y está dirigida por la procuradora Yoanda Bejarán Álvarez.
Asimismo, se refirió a la anunciada Política Migratoria General, afirmando que “ya fue diseñada conforme a lo que establece la ley”. Explicó que la Ley General de Migración fue aprobada en 2004, y su reglamento de aplicación fue elaborado en su propia oficina en 2011.
Para Castillo Pantaleón, estas omisiones son consecuencia de una mala asesoría al presidente y de lo que calificó como una falta de diligencia por parte del propio mandatario. “Hay desconocimiento, hay improvisación. No se trata de crear estructuras que ya existen, sino de hacerlas funcionar”, enfatizó.
Por otro lado, el abogado señaló que la migración es un fenómeno humano que no puede ser eliminado por completo, y subrayó la importancia de atacar los factores de atracción que incentivan a las personas a emigrar. “Hay que intervenir en los nichos donde los migrantes encuentran lo que buscan: trabajo, servicios, oportunidades. Mientras esos espacios existan, seguirá la migración irregular”, advirtió.
Cabe recordar que en su discurso del domingo, el presidente Abinader presentó una serie de medidas para enfrentar la migración ilegal y fortalecer la soberanía nacional, en medio de la crisis haitiana. Entre ellas, destacan la reestructuración de la vigilancia fronteriza —dividiendo la línea limítrofe en seis zonas bajo supervisión de oficiales superiores— y el envío de 1,500 soldados adicionales a los 9,500 ya desplegados. También se anunció la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios y la instalación de oficinas de control en todas las provincias.
