La defensa del productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves presentó anoche una moción para excluir de la presentación de evidencia una llamada telefónica por entender que, de ser publicada, “podría generar publicidad negativa que a esta etapa del juicio podría prejuiciar excesivamente los derechos sustanciales del encausado”.
Al comienzo de la vista de hoy, el juez Francisco Besosa tomó conocimiento del escrito de la defensa y los fiscales María Montañez Concepción y José Ruiz también indicaron que están al tanto de la radicación.
El juez Besosa ordenó al estado a responder en un plazo de 24 horas.
El escrito presentado por la defensa no detalla a quién es la llamada ni cuándo se llevó a cabo.
Durante la mañana del cuarto día de juicio contra Pina Nieves, la fiscalía se concentró en validar el proceso de intercepción de llamadas que llevó a cabo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) contra Pina Nieves.
Para ello, sentaron en el banquillo de los testigos al custodio de registros de la empresa AT&T, Julio Meléndez, y su contraparte para la empresa T-Mobile, Ricardo Leal, sobre las órdenes de allanamiento que recibieron.
Del testimonio de Meléndez surge que AT&T recibió una orden judicial para interceptar las llamadas telefónicas de un número que en la orden se adjudicaba a Pina Nieves. Esa intercepción se extendió desde el 6 de marzo del 2020 hasta el 5 de abril del mismo año.
A preguntas de la fiscal Montañez Concepción, Meléndez subrayó que con la información presentada por fiscalía en la orden no puede validar que el número de teléfono corresponde a Pina Nieves.
Aunque la fiscal presentó una factura emitida por el concesionario Gómez Hermanos Kennedy con el mismo número de teléfono en la orden y a nombre de Pina Nieves, a preguntas de la abogada de defensa, María Domínguez, Meléndez sentenció que no podía garantizar la validez de la información de la factura emitida por Gómez Hermanos.
Por su parte, Leal testificó que recibieron dos órdenes judiciales para interceptar un número de teléfono distinto al de AT&T. Según la orden recibida por esa empresa, el número fue adjudicado a la empresa Rogelio y Asociados y en la primera orden autorizó interceptar llamadas desde el 5 de febrero hasta el 4 de marzo. Una segunda orden autorizó otro plazo de intercepción empezando el 6 de marzo y terminó 30 días después.
La fiscal Montañez Concepción produjo una copia de una factura de Global Matress que contiene el mismo número contenido en la orden de allanamiento. En la factura, aparece el número que fue objeto de la orden y el nombre de Joed Romero.
