Mientras tanto, el país avanza —o pretende avanzar— en el desarrollo del sur profundo. El proyecto turístico de Cabo Rojo en Pedernales, con miles de habitaciones hoteleras, la terminal de cruceros, el aeropuerto y hasta la anunciada terminal espacial de Oviedo, dibujan un escenario de crecimiento que, inevitablemente, multiplicará el flujo vehicular. No solo de turistas, sino de toda la cadena logística que ese desarrollo exige.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pretendemos sostener ese crecimiento sobre una vía ya colapsada?
La respuesta, sin embargo, no pasa necesariamente por grandes obras. A veces —y este es uno de esos casos— el problema está a la vista.
El cruce de Los Pilones es hoy un ejemplo concentrado de desorden institucional. Allí confluyen múltiples factores que, sumados, convierten el tránsito en un suplicio: construcciones irregulares en franca violación de la ley, accesos improvisados a la vía troncal, vendedores ambulantes ocupando los márgenes y, sobre todo, un entramado de chequeos militares y civiles que fragmentan la circulación hasta volverla inoperante.
No se trata de una percepción. La legislación dominicana es clara. Normas como la Ley 63-17 prohíben construcciones y accesos no autorizados dentro de franjas de seguridad en vías troncales. La realidad en Los Pilones es exactamente la contraria: puertas abiertas directamente al flujo vehicular, negocios improvisados y una ocupación del espacio que compromete la seguridad y la fluidez.
Todo esto ocurre, paradójicamente, frente a la presencia de autoridades encargadas de regular, vigilar y sancionar.
Pero hay más. El punto concentra múltiples controles: militares, migratorios, ganaderos, antinarcóticos. Cada uno con su lógica, cada uno con su justificación. El resultado, sin embargo, es un mismo: una interrupción constante del flujo vehicular.
A esto se suma un fenómeno igualmente preocupante: la existencia de actividades ilegales toleradas, como la tala de árboles para la fabricación de los llamados «pilones», en una zona ya afectada ambientalmente y protegida por legislación específica. La contradicción es evidente: mientras se invoca la seguridad, se ignora la ley.
Y, como si fuera poco, el propio sistema de control es burlado a plena vista. Extranjeros que se desmontan antes del chequeo, cruzan por rutas alternas y retoman su trayecto metros más adelante. Es decir, ni siquiera cumple eficazmente la función que justifica su existencia.
Ante este panorama, resulta legítimo preguntarse: ¿es este punto de control una solución o parte del problema?
La evidencia sugiere lo segundo.
Más aún cuando existen alternativas. A lo largo de la misma carretera Sánchez operan otros puntos de chequeo en zonas menos congestionadas, donde el impacto sobre la circulación sería significativamente menor. Reubicar estos controles no implica renunciar a la seguridad; implica, más bien, ejercerla con inteligencia.
Porque la seguridad mal gestionada también genera caos.
Lo que ocurre en Los Pilones no es, en esencia, un problema de capacidad vial. Es un problema de gestión. De coordinación. De cumplimiento de la ley. Y, en última instancia, de voluntad.
Se habla de inversiones millonarias cuando, en realidad, la solución podría estar al alcance inmediato: ordenar el espacio, eliminar accesos ilegales, regular el comercio informal y, sobre todo, replantear un esquema de control que hoy entorpece más de lo que protege.
No siempre el desarrollo exige grandes obras. A veces exige decisiones.
Y en el caso del sur, donde el país ha decidido apostar por un futuro distinto, persistir en la improvisación no es solo ineficiente: es irresponsable.
Porque no hay turismo sostenible, ni inversión viable, ni integración regional posible si el acceso sigue siendo un cuello de botella.
El problema no es la carretera. Es lo que hemos permitido que ocurra en ella.
Y eso —a diferencia de una autopista— sí puede cambiarse de inmediato.
