El exsuperintendente de electricidad y titular de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo, Juan B. Gómez, afirmó que el mayor desafío del sistema eléctrico dominicano radica en la distribución y gestión de las empresas estatales, no en la generación de energía.
Durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre, Gómez explicó que, a pesar de los avances en capacidad instalada, las pérdidas técnicas y financieras de las EDEs siguen provocando un enorme desequilibrio en el sector.
“El grave problema nuestro no está en la generación, sino en la gestión de las empresas distribuidoras. Las pérdidas superan el 40%, y eso lo paga el Estado con subsidios multimillonarios cada año”, afirmó.
Citando datos del Ministerio de Energía y Minas, Gómez reveló que EDEEste presenta pérdidas de hasta un 54%, lo que, combinado con la falta de medidores, el hurto de energía y los altos gastos operativos, impide la sostenibilidad del sistema.
“Más de 500 mil usuarios no tienen medidor. Lo que no se mide, no se puede cobrar correctamente. Mientras no haya inversión y control, el problema persistirá”, puntualizó.
Altos costos por falta de planificación
El dirigente político advirtió que las soluciones improvisadas, como la contratación de barcazas generadoras de electricidad, han resultado extremadamente costosas para el país.
Explicó que el uso de energía de “ingreso rápido” —como las barcazas instaladas en Azua— ha triplicado los costos de generación.
“Mientras Punta Catalina vende a 12 centavos de dólar el kilovatio hora, las barcazas lo hacen a 38 centavos. Es decir, tres veces más caro”, dijo.
Gómez criticó que las autoridades no hayan planificado con suficiente antelación la incorporación de nuevas plantas de generación.
Recordó que el último gran proyecto fue Punta Catalina en 2020, y que la licitación de Manzanillo (800 MW) acumula un considerable retraso. “A falta de previsión, se opta por soluciones temporales y caras que agravan el déficit del sistema”, aseguró.
Impacto ambiental en Azua
El exsuperintendente también alertó sobre las consecuencias ambientales del modelo actual de generación flotante.
Explicó que las barcazas que operan en Azua funcionan con fuel oil en lugar de gas natural, debido a la falta de infraestructura, lo que incrementa las emisiones contaminantes en la zona.
“Las comunidades de Los Negros y Azua sufrirán el impacto directo. La nueva barcaza tiene 12 chimeneas, el doble que las anteriores, y se instaló sin permisos ambientales previos”, señaló.
Déficit creciente y subsidio insostenible
Gómez afirmó que la improvisación y la falta de planificación han generado un déficit financiero estructural que obliga al Estado a destinar miles de millones de dólares cada año para sostener el sistema.
“En 2024 se inyectaron al sector US$1,769 millones. Este año podríamos superar los US$2,000 millones solo para cubrir el déficit eléctrico”, estimó.
Según el exsuperintendente, este gasto podría reducirse si se enfrentan las pérdidas de distribución, se mejora la cobranza y se fortalecen las inversiones en redes y transformadores.
El futuro energético: movilidad eléctrica y demanda creciente
El especialista advirtió que el país debe prepararse para una duplicación de la demanda eléctrica hacia 2050, impulsada por el crecimiento económico y la expansión de los vehículos eléctricos.
“Tenemos que pensar a largo plazo. La movilidad eléctrica traerá una nueva presión sobre el sistema. La planificación energética debe ir más allá de los períodos de gobierno”, sostuvo.
Energías renovables sin almacenamiento
Gómez reconoció los avances del país en energía solar y eólica, pero subrayó una gran limitante: ningún parque renovable cuenta con baterías de almacenamiento.
“Las energías renovables son el futuro, pero en las condiciones actuales agregan inestabilidad al sistema. Necesitamos bancos de baterías que garanticen suministro continuo cuando no hay sol o viento”, explicó.
Indicó que el país debe pasar “al siguiente nivel” en la transición energética, promoviendo inversiones conjuntas entre el sector público y privado para desarrollar capacidad de almacenamiento.
Llamado a licitaciones transparentes y visión de largo plazo
Finalmente, Gómez insistió en que el sector eléctrico debe ser planificado con visión de Estado y con licitaciones transparentes y competitivas, como lo establece la Ley General de Electricidad 125-01.
“Las contrataciones deben hacerse de forma abierta y ajustada a la ley, porque los precios que se paguen en generación se traspasan directamente a la tarifa del usuario. La energía cara termina pagándola el pueblo”, puntualizó.
El dirigente recordó que los apagones y el deterioro del sistema no comenzaron con la actual administración, pero advirtió que el país necesita un acuerdo nacional de largo plazo para superar definitivamente la crisis eléctrica.
“Hay que planificar más allá de los gobiernos y de los partidos. Este es un problema de Estado, no de coyuntura política”, concluyó.