El análisis de la ejecución presupuestaria debe estar siempre revestido de objetividad y de una adecuada utilización de la herramienta que proporcione los datos.
La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), desde el inicio de esta administración, se trazó como uno de sus ejes estratégicos la transparencia y control social, lo cual ha colocado a la República Dominicana en el número 1 de todo el continente americano y el 4to entre 125 países evaluados en participación de la ciudadanía en el presupuesto, conforme a la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS) 2023, realizada por la International Budget Partnership (IBP).
La principal fuente para el análisis presupuestario es la publicación semanal de DIGEPRES, en su portal institucional, de donde a través del uso correcto de una tabla dinámica se pueden extraer las informaciones exactas conforme a los diferentes clasificadores presupuestarios.
Así, decir que: “En abril, el Gobierno destinó 1,037 millones de pesos en “dietas y gastos de representación”, promediando casi 35 millones de pesos diarios”, es un mal uso de las informaciones servidas y del concepto gobierno, pues en ese dato no se discrimina lo que es el Poder Ejecutivo de los otros órganos constitucionales del Estado, incluyendo a la Junta Central Electoral.
Al excluir el gasto en “dietas y gastos de representación” de la Junta Central Electoral (JCE) en el contexto de elecciones presidenciales, congresuales y municipales, que representó un monto de enero a abril de RD$973.6 millones, ese gasto del Poder Ejecutivo queda en RD$152.8 millones en el 2024, mientras que en el 2019 alcanzó un monto de RD$334.1millones, y RD$367.1 millones, en el 2020.
Es bueno precisar que, durante los años 2019 y 2020, un solo Ministerio, el de Relaciones Exteriores, ejecutó RD$320.3 y RD$350.9 millones, es decir, mucho más que todos los Ministerios juntos en el 2024.
En específico, en el mes de abril de 2020, el Poder Ejecutivo gastó RD$93.8 millones, en “dietas y gastos de representación”, mientras que lo ejecutado en el 2024 alcanzó apenas RD$38.6 millones.
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF) DIGEPRES
Igualmente, cuando se dice: “En abril de 2024, el Gobierno reportó haber destinado 20,929 millones de pesos en remuneraciones, un aumento de 2,095 millones de pesos respecto al promedio mensual de 2023 (excluyendo los meses de pago de doble sueldo, por supuesto)”, se vuelve a utilizar el dato sin precisión y erróneamente el clasificador.
En la subcuenta 2.1.1 Remuneraciones, es verdad que la cifra exacta de aumento en el Poder Ejecutivo es de 2,024 millonesde pesos, pero es porque se ha seguido una política clara de cumplimiento con el 4 % del PIB destinado a la educación y la dignificación del salario del personal policial, de defensa, y de la gestión de la prevención de las actividades ilícitas de drogas y sustancias controladas, a nivel nacional, representando el 80 % del aumento. Ya no existe el “sueldo cebolla”.
El incremento en las remuneraciones del resto de las instituciones fue en promedio de RD$9.4 millones, el cual, al considerar la inflación natural entre períodos, no resulta significativo.
Finalmente, para realizar comparaciones justas entre los años, es necesario deflactar los montos para aislar el efecto del incremento de los precios entre 2024 y años anteriores como 2019. Además, hay que conocer los cambios que se han realizado en los clasificadores presupuestarios, en este caso el de objeto del gasto, y decisiones administrativas que transparentan el registro del gasto, factor que se evidencia en la eliminación del uso de cuentas “zafacón”.
Sin considerar estos elementos, cualquier comparación puede resultar engañosa.
Nunca como ahora desde el Gobierno y la Dirección General de Presupuesto se han implementado medidas para garantizar el derecho a saber de la ciudadanía y elevar los niveles de transparencia, control y participación social. Para muestra, la información que puntualmente se sirve desde la institución y las herramientas empeñadas para acercar como nunca el Presupuesto General del Estado a la población.
