A un año del Jet Set: tragedia, escombros y una justicia en pausa

La madrugada del 8 de abril no ha terminado. Un año después, sigue repitiéndose como un eco en la memoria de un país que aún busca respuestas.

Aquella noche, más de 300 personas llenaban la discoteca Jet Set para ver a Rubby Pérez. Era una de esas veladas habituales en un lugar acostumbrado a la música y a las luces. Nada hacía prever que, pasada la medianoche, todo colapsaría.

El techo cedió sin aviso claro.
Un estruendo, polvo, oscuridad.
Gritos.

Lo que siguió fue una escena de desesperación, personas atrapadas, otras intentando levantar escombros con las manos, llamadas masivas al 911. Más de 370 socorristas y 77 ambulancias respondieron a una emergencia que crecía minuto a minuto.

Al inicio, las cifras no parecían dimensionar la tragedia. Pero con el paso de las horas, el número de fallecidos aumentó de forma dramática hasta convertirse en una de las peores tragedias en espacios de entretenimiento en la historia del país.

Entre las víctimas: la gobernadora Nelsy Cruz, el ex pelotero Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y el propio Rubby Pérez, cuya muerte se confirmó tras horas de incertidumbre.

El país se detuvo. En los alrededores del lugar y en los hospitales, se repetía la misma escena, familiares buscando nombres, esperando noticias, aferrados a la incertidumbre.

Los sobrevivientes hablaban de segundos decisivos. De decisiones que marcaron la diferencia entre salir o quedar atrapado. Algunos se salvaron por detalles mínimos.

Pero mientras el país lloraba, comenzaron a surgir preguntas.

Testimonios indicaban posibles filtraciones en el techo días antes, desprendimientos menores y señales que, de confirmarse, pudieron haber advertido el riesgo.

Jet Set, fundado en 1973 y remodelado en 2010 y 2015, no era un lugar cualquiera. Era símbolo de la vida nocturna dominicana. Ese símbolo cayó en segundos.

Días después del colapso, cuando el ruido de las sirenas comenzó a apagarse, la tragedia entró en otra etapa: la de la investigación.

El lugar fue acordonado y posteriormente incautado por el Ministerio Público. La zona dejó de ser solo escenario del desastre para convertirse en evidencia.

Pero los escombros no se quedaron allí. Parte de los restos fue trasladada a centros de acopio, incluyendo la Feria Ganadera en Santo Domingo y otros puntos fuera de la capital. El movimiento de ese material generó cuestionamientos, dudas y explicaciones oficiales.

Algunas piezas incluso fueron llevadas a Santiago en medio de confusión sobre su destino, lo que obligó a las autoridades a aclarar que el material seguía bajo control del Ministerio Público y que no comprometía la investigación.

La tragedia, fragmentada en concreto y acero, comenzaba a ser reconstruida lejos de la pista de baile.

Mientras los restos eran movidos y clasificados, comenzó una de las fases más determinantes: la pericial.

Equipos técnicos trabajaron tanto en la zona del colapso como con los materiales trasladados. Ingenieros estructurales, especialistas en edificaciones y expertos participaron en un proceso que buscaba algo más que observar: entender.

El objetivo era reconstruir el comportamiento de la estructura. Medir, analizar, comparar.
Recrear el techo que cayó para entender por qué lo hizo.

Dos líneas de trabajo avanzaban en paralelo:
una, levantando datos del lugar;
otra, examinando los fragmentos recuperados.

Era un intento técnico de responder una pregunta humana ¿qué pasó?

Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir conclusiones preliminares. Los informes técnicos descartaron causas naturales.
La atención se centró en la estructura.

La hipótesis de una falla estructural comenzó a tomar fuerza, alimentada por los análisis y por los testimonios que hablaban de posibles señales previas no atendidas.

El debate dejó de ser solo técnico y se convirtió en público,
si hubo advertencias, ¿por qué no se actuó?

Con esos elementos, la investigación avanzó hacia el terreno judicial.

El Ministerio Público asumió el caso, recopilando peritajes, testimonios y evidencias para construir un expediente que buscara establecer responsabilidades.

Las querellas no se hicieron esperar. Familiares de víctimas y sobrevivientes comenzaron a accionar legalmente, señalando negligencia, imprudencia e inobservancia de normas de seguridad. En los expedientes figuran propietarios del establecimiento, empresas vinculadas y entidades del Estado.

El caso se enmarca en el artículo 319 del Código Penal, que tipifica el homicidio involuntario.

Más adelante, la acusación formal integró los hallazgos técnicos y las líneas de investigación: una estructura presuntamente vulnerable, posibles omisiones y decisiones que hoy están bajo escrutinio.

El proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set ha transitado por varias etapas desde el arresto de los imputados, los hermanos Espaillat, en junio de 2025. Tras su detención, fueron presentados ante la justicia para el conocimiento de medidas de coerción, donde el tribunal dispuso garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica, descartando la prisión preventiva. Meses después, el 7 de noviembre de 2025, el Ministerio Público formalizó el expediente con el depósito de la acusación, dando paso a la fase preparatoria del juicio.

Ya en 2026, el proceso avanzó hacia la audiencia preliminar, inicialmente fijada para enero, pero aplazada para permitir la notificación íntegra del expediente a todas las partes. No fue hasta el 16 de marzo de 2026 cuando se inició formalmente esta etapa, en la que el juez comenzó a conocer la acusación y los incidentes planteados por las defensas y los querellantes. Sin embargo, la audiencia fue reenviada en medio de solicitudes de incorporación de nuevas pruebas y actores civiles, lo que ha marcado el ritmo del caso.

El 6 de abril de 2026 se retomó la audiencia preliminar, pero el tribunal dispuso un receso hasta el 20 de abril para continuar con la presentación de argumentos, en un proceso que ya supera el año de la tragedia sin que se haya definido aún si el caso pasará a juicio de fondo. En esta fase, los querellantes continúan exponiendo sus alegatos y sustentando sus acusaciones, mientras el tribunal conoce cada incidente en medio de reiterados aplazamientos que han prolongado la etapa preliminar.

A la fecha, más de 180 víctimas han desistido de continuar en los tribunales, la cifra incluye alrededor de 100 familias de personas fallecidas y entre 85 y 90 lesionados que han decidido retirarse del proceso penal, en medio de acuerdos y decisiones personales que reflejan la complejidad jurídica y emocional del expediente.

A un año, el Jet Set permanece cerrado. El proceso sigue abierto.
Y la madrugada del 8 de abril continúa sin terminar.