El Director General de Contrataciones Públicas (DGCP), licenciado Carlos Pimentel, advirtió que los funcionarios que tengan más de un 10% de participación accionaria en empresas, no pueden ser proveedores del Estado, aunque si tienen menos de estas acciones pueden proveer, excepto en las entidades en las que son servidores públicos.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, reveló que la DGCP el viernes pasado terminaba el cruce de bases de datos para los funcionarios del Poder Ejecutivo, la cual tiene hallazgos que concluirán con la suspensión del registro de proveedores.
Indicó que la incompatibilidad legal se activa cuando el funcionario tiene más del 10% de participación accionaria en una empresa.
“Todavía no tenemos una disposición que nos indique que, por pertenecer a un consejo, se inhabilita para ser proveedor del Estado, yo quisiera que fuera así, entiendo que debe ser así, pero hasta ahora nuestra ley no lo establece”, agregó.
Pimentel advirtió que no le temblará el pulso para suspender registros de proveedores por incompatibilidades, como lo ha hecho hasta ahora DGCP con 120 casos. Asimismo, recordó que 119 alcaldes y regidores que estaban en el registro de proveedores del Estado fueron suspendidos.
El director de la DGCP afirmó que ha establecido un mecanismo de detección de incompatibilidades contempladas en el artículo 14 de la Ley de Compra y Contrataciones Públicas.
Alegó que los funcionarios electos no pueden contratar con el Estado, ni ser oferentes, por lo que ha desarrollado un mecanismo de identificación de estos y ha procedido a la suspensión de los registros de proveedores. Asimismo dijo, que no habrá silencio administrativo en los procedimientos porque todos tendrán decisiones, sin importar de quién se trate, porque la administración pública siempre tiene que expresarse.
“Eso va a ser continuo, permanente, eso no va a terminar, es una tarea que va a ser sistemática, continua y que es la primera vez que se hace en el país de manera proactiva y con esa identificación”, subrayó.
“En el Agua y Luz hubo un camuflaje”
El director de la DGCP reveló que, en el caso del Teatro Agua y Luz, se canceló la licitación porque se pretendió hacer una concesión hasta el 2044, con camuflaje de alquiler.
El funcionario aseguró que igual sucedió con el Hotel Nueva Suiza, en Constanza, utilizando una modalidad de alquiler, pero el procedimiento seguido se trató de una concesión.
“Entre otros casos que ahora no memorizo, llevamos como 110 decisiones que están ahí en el portal, de tipo administrativo, de inhabilitación, medidas cautelares, algunas no tienen objeto porque hay casos de esos que estaban ahí desde el 2015”, adujo.
Declaró que el 32% del Presupuesto General del Estado está destinado para la contratación de bienes, servicios y obras, las cuales deben servir para el desarrollo.
