La procuradora general Miriam Germán Brito ponderó el memorándum de entendimiento firmado el martes por el Estado dominicano con el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana para crear mecanismos de cooperación en la lucha contra la corrupción y otros delitos.
“El memorándum que firmamos con Naciones Unidas fortalecerá más la institucionalidad de República Dominicana porque contribuirá a establecer, por ejemplo, una cultura de mayor control y transparencia en áreas como la de las compras y contrataciones de bienes y servicios para el Estado”, dijo Germán Brito.
La magistrada firmó el acuerdo junto al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Mauricio Ramírez Villegas.
El acto celebrado en la sede de la Cancillería contó con la presencia del presidente Luis Abinader, como testigo de excepción, y la asistencia de varios funcionarios de su gabinete, como el consultor jurídico Antoliano Peralta y el ministro José Ignacio Paliza.
Germán Brito recordó que “República Dominicana ha tenido inconvenientes con ciertos niveles de discrecionalidad que se pueden dar en un momento determinado para contratar bienes y servicios del Estado; el memorándum apuesta por la transparencia y permitirá un uso más efectivo de los recursos de todos los contribuyentes”.
Al concluir la firma del acuerdo, la representante del Ministerio Público recordó a los periodistas que la abordaron que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realiza varias citaciones para interpelar a funcionarios o exfuncionarios respecto a los bienes que declararon al asumir o dejar sus funciones.
Germán Brito dejó por sentado que el Ministerio Público investigará, siempre bajo el amparo de los procedimientos de ley, las declaraciones juradas que lo ameriten, sin que eso signifique que se deban festinar los procesos y privar de su libertad a algunos de los interpelados, ya que, dijo, “la prisión no es una cuestión que se toma a la ligera, para ordenar prisión tiene que haber motivos serios y también el peligro de fuga”.
