Transportistas del Corredor Máximo Gómez demandaron del gobierno el pago de unos 136 millones de pesos que aseguran, le adeuda el Estado Dominicano desde el año 1998 cuando fueron introducidas las guaguas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
“Desde esa fecha hasta ahora los pequeños y medianos transportistas que operábamos ese corredor hemos enviado más de 25 notificaciones a los gobiernos demandando el pago de ese dinero” dijeron.
Los vehículos que brindaban servicio en ese corredor se desplazaban desde la avenida Hermanas Mirabal, en Villa Mella, hasta el Centro de Los Héroes.
Los transportistas indicaron que para dar paso a las unidades de la OMSA llegaron a un acuerdo con el gobierno de Leonel Fernández, mediante el cual los propietarios de vehículos entregaban sus unidades al Estado. A cambio de esto, el gobierno le entregaría las guaguas puestas a operar en el corredor Máximo Gómez luego de cinco años, cuando ya los autobuses estuvieran saldados.
Mientras tanto, decía el acuerdo, el gobierno pagaría en el primer año 8 mil pesos mensuales a los propietarios de las unidades, para su sostenimiento junto a su familia, debido a que se habían despojado de su fuente de ingresos, mientras que otros serían empleados como choferes en la OMSA. En los años siguientes los pagos serían aumentados.
Los transportistas sostuvieron que fueron engañados por el gobierno, porque, aunque entregaron 80 unidades nunca el Estado honró su compromiso con esos hombres y mujeres que hoy ya viejos y enfermos no disponen de recursos para sostenerse mientras el Estado le adeuda a la fecha la suma de unos 136 millones de pesos.
Añadieron que la OMSA nunca le pagó los 8 mil pesos del primer año, ni los posteriores, como se acordó, mientras que los choferes que fueron empleados en esa institución del Estado fueron cancelados poco a poco y antes del primer año no quedaba uno solo en la nómina de la institución.
Tampoco la OMSA le entregó los autobuses a los cinco años después de haber sido pagados por el Estado, como establecía el acuerdo firmado por varios de los funcionarios de ese gobierno de entonces, entre los que figuraban Ignacio Ditrén, Diandino Peña y Simón Lizardo. Como testigo estuvo Agripino Núñez Collado.
Los transportistas indicaron que a partir de la entrega de sus unidades al gobierno, muchas de las cuales tenían poco tiempo de uso, comenzaron ellos y sus familiares a padecer todo tipo de dificultades económicas, porque esos vehículos eran su única fuente de sustento.
Como resultado de esa situación de precariedad, muchos de los propietarios y choferes han muerto por enfermedades que no han podido atender por falta de recursos, otros fueron víctima de infartos por la impotencia ante la burla de que fueron víctima y otros más se suicidaron.
Los transportistas argumentaron que entienden que en los actuales momentos estamos en un proceso de transición por la salida de las actuales autoridades en el mes de agosto, pero que al igual que pagan a otras personas por publicidad, el gobierno puede saldar la deuda que tiene pendiente con ellos, que son personas sin recursos.
