SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal superior confirmó el lunes la sentencia absolutoria de una joven salvadoreña que fue víctima de una violación y perdió a su hijo en un parto extra hospitalario pero fue acusada y condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.
La corte confirmó la absolución emitida en agosto de 2019 por un tribunal de Cojutepeque a favor de Evelyn Beatriz Hernández, en la que se reconoció que era inocente del delito por el cual había sido condenada.
Sin embargo, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho advirtió que a pesar de todo aún puede enfrentar una apelación del Ministerio Público, que cuenta con 10 días a partir de la notificación de la resolución para presentar un recurso ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la última instancia en causas penales.
En 2017 Hernández recibió una de las sentencias más severas que imponen las leyes de El Salvador -que penaliza cualquier forma de aborto-, pero la Corte Suprema anuló el fallo en febrero y la joven quedó en libertad después de haber pasado 33 meses en prisión. Poco después se ordenó un nuevo juicio con otro juez -en un hecho inédito en el país centroamericano- y el Ministerio Público pidió 40 años de prisión.
Tras varias interrupciones y prolongados debates y después de escuchar los testimonios de los testigos presentados por el Ministerio Público y la defensa, en agosto de 2019 un juez afirmó que no había forma de probar el delito, que Hernández sufrió un parto complicado y en consecuencia decretó su libertad. Pero el Ministerio Público apeló el fallo ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque.
El caso de Hernández, de 21 años, lleva meses atrayendo la atención internacional debido a que El Salvador persigue agresivamente a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas acusándolas de asesinato.
La joven siempre alegó que ignoraba que estaba embarazada debido a una violación. En su declaración ante el tribunal dijo que un día de 2016 salió a un retrete exterior en su pobre comunidad rural con fuertes dolores abdominales. Al agacharse, el bebé debió caer al fondo del tanque séptico. Su madre argumentó que había encontrado a su hija desvanecida junto al retrete improvisado y que paró una camioneta para llevarla a un hospital que estaba a 30 minutos.
Ambas mujeres insistieron en que no sabían que había un bebé en el tanque séptico, pero la fiscalía no les creyó.
El feto tenía 32 semanas, cerca del término del embarazo, y los forenses no pudieron determinar si había fallecido en el útero o en el pozo. La causa de la muerte sigue sin estar clara.
El Salvador prohíbe totalmente el aborto, incluso en casos de violación e incesto o cuando la vida de la madre corre peligro.
La ley salvadoreña contempla hasta ocho años de prisión para las mujeres que interrumpen un embarazo de forma deliberada y para los médicos que las ayudan. Sin embargo, los fiscales suelen elevar los cargos a homicidio con agravantes, que conlleva una pena máxima de 40 años.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador ha documentado 146 procesos contra mujeres por abortos desde 2014. De esos casos, 60 mujeres fueron condenadas a prisión, 24 de ellas por homicidio con agravantes. Algunas insisten en que sufrieron abortos espontáneos.
Los castigos suelen recaer sobre las mujeres jóvenes y pobres y las víctimas de violación.
El Salvador es un país profundamente religioso, donde 80% de la población se identifica como católica o cristiana evangélica.
Fuente: Infobae
