Parridos de oposición exigieron este miércoles al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), una explicación al país de cómo fue posible que se vulnerara el sistema automatizado de votación, provocando la suspensión de las municipales.
AQUÍ LA DECLARACIÓN: Los partidos de oposición ante la crisis política nacional
El conjunto de organizaciones políticas y sociales firmantes de la presente declaración, reunidos para considerar la crisis política e institucional derivada de la anulación de las elecciones municipales que debieron celebrarse el pasado domingo 16 de febrero, hemos acordado lo siguiente:
Llamar a todos los sectores políticos, sociales e institucionales a reconocer que la situación creada es de extrema gravedad y que pone en peligro no sólo la institucionalidad democrática y el sistema político electoral, sino también la estabilidad económica y social de la nación, sumida en el descrédito internacional por el hecho sin precedentes de la anulación de una elección cuatro horas después de iniciada la votación.
- La Junta Central Electoral (JCE) debe reconocer la magnitud de la crisis que afecta su credibilidad, puesto que ante los cuestionamientos de diversos sectores que consideraban que el sistema de voto automatizado podría ser vulnerado insistió durante más de un año en la implementación de ese sistema asegurando que era absolutamente seguro e impenetrable, contrario a lo que ha ocurrido.
- Las autoridades electorales y los técnicos de la JCE tienen la obligación de explicar al país y al mundo cómo fue posible que vulneraran el sistema automatizado de votación, impidiendo que operara en más del 80 por ciento de los colegios electorales. También debe explicarse cómo se pudo discriminar para que entre un 13 y 20 por ciento de los colegios no sufrieran la alteración del sistema.
- Al mismo tiempo consideramos imprescindible que se ponga en marcha la acción judicial correspondiente para establecer sanciones por los graves acontecimientos que impidieron el libre ejercicio de la consulta electoral pautada por la Constitución. Consideramos igualmente que todos los equipos tienen que ser resguardados para que los expertos de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), que viene asistiendo a la JCE, puedan determinar, sin la menor duda, cómo fue vulnerado el sistema.
- La JCE, actuando unilateralmente, sin consultar a las organizaciones políticas, sin haber dado al país ninguna explicación e ignorando la justa indignación que han producido los acontecimientos del domingo pasado, procedió a convocar las suspendidas elecciones para el próximo 15 de marzo.
- Es inconcebible que la JCE pretenda actuar como si aquí no hubiera sucedido nada y que todo se resuelve con una nueva convocatoria sin responder los cuestionamientos ya indicados. Nuestros partidos han manifestado su disposición a participar en la nueva fecha establecida, pero solo bajo las absolutas garantías de equidad, justicia, transparencia, objetividad y libertad de elección que postulan la Constitución de la República y las leyes electorales.
- Ante la población dominicana la Junta Central Electoral ha fracasado, y con su fracaso ha perdido toda credibilidad. Es precisamente una investigación independiente para determinar las causas de dicho fracaso lo que reclamamos. Lo ocurrido el domingo 16 de febrero ha puesto de manifiesto la incapacidad de la JCE de organizar un proceso sin que antes sean realizadas modificaciones estructurales e institucionales de observación y acompañamiento de la ciudadanía, de los partidos y de organismos internacionales.
- Los partidos políticos de oposición signatarios de esta declaración permanecerán en sesión permanente hasta lograr que se respete plenamente el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus autoridades y representantes. Sostenemos que el boicot a las elecciones del domingo fue ejecutado con la participación de instancias del poder del Estado vinculados al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y en complicidad con funcionarios de la Junta Central Electoral, con el propósito de evitar que se reflejara en las urnas la avalancha de voluntades que se viene manifestando en todo el país por una seria transformación política, expresada por dos terceras partes de la población en las encuestas independientes, y con mayoritaria inclinación a las candidaturas de la oposición.
- Ante la gravedad de la crisis, los 13 partidos que suscribieron la semana pasada un protocolo en defensa de la elección democrática, junto a otras organizaciones sociales y políticas que se han incorporado a esos propósitos, presentarán a las autoridades electorales un pliego de demandas concretas de garantías para las próximas consultas electorales.
- Las organizaciones políticas aquí representadas, expresan públicamente su firme rechazo y condena a las represiones violentas ejecutadas en el día de ayer por agentes policiales y militares contra cientos de jóvenes que se manifestaban de manera pacífica por la defensa de la democracia, la transparencia y la restauración del orden constitucional violentado. Advertimos al Gobierno y a la Junta Central Electoral que esas manifestaciones se profundizarán y que la represión solo servirá como una clara invitación a la resistencia y a la movilización popular nacional.
- El Ministerio de Defensa debe explicar al país cuáles responsabilidades tiene el Coronel del Ejército nombrado Koji Maruyama, alias El Asiático, adscrito a la dependencia militar conocida como J-4, y Encargado de Logística de dicho Ministerio según aparece en la nómina oficial de la institución publicada en su portal. El coronel Maruyama ha sido señalado por un empleado de una conocida firma telefónica del país como la persona que le requirió medios logísticos a los fines de realizar operaciones ilegales en sistemas de votación de la JCE. Desde hace varios días el indicado técnico, de nombre Manuel Regalado, así como un amigo de éste, el coronel de la policía apellidado Peralta Guzmán se encuentran en prisión, incomunicados y sometidos a rigurosos interrogatorios, mientras que Maruyama sigue sin ser investigado. Nuestras organizaciones reclaman respeto absoluto a los derechos y a la integridad física de las personas apresadas.