La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), expresó su más profunda consternación por el descalabro y revés democrático, generado por la suspensión general de las elecciones municipales, sin precedentes en la República Dominicana, y peor aún con escaso cobijo legal.
La entidad de sociedad civil aseguró que se trata de un hecho impensable en nuestras leyes electorales y constitución de la república, dejándonos un margen muy estrecho para una salida netamente legal e institucional, de ahí que se impone prudencia y reflexión de nuestra clase política, procurando un advenimiento y consenso que propicie una salida con el menor trauma posible.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, explicó que el artículo 261 de la ley orgánica del régimen electoral, número 15-19, lo que prevé es la anulación de elecciones, por parte del Tribunal Superior Electoral, como entidad jurisdiccionalmente competente y facultada para ello, siempre posterior a la celebración de elecciones, donde algunas de las partes radiquen una demanda o cuestionamiento legal, ordenando el tribunal a su vez, la celebración de nuevas elecciones en un plazo no mayor de 30 días.
De igual forma el artículo 274, párrafo primero de la constitución dominicana, viene también a complicar la mecánica legal del referido problema, al disponer como plazo constitucional para la toma de posesión de los nuevos funcionarios municipales electos, la fecha del 24 de abril, esto sumado a que también la propia constitución prevé elecciones separadas, planteándose así la imposibilidad, sin una reforma constitucional de unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales de mayo.
Propuesta de la FJT para sortear la crisis electoral y el descalabro democrático en que se encuentra sumido el país por la suspensión general de las elecciones municipales.
Para la entidad de sociedad civil, lo ideal hubiese sido un gran acuerdo nacional, para mediante una reforma constitucional unificar las elecciones en mayo, atenuando y simplificando con ello los descomunales gastos que conllevan elecciones separadas, miles de millones de pesos de los bolsillos del pueblo dominicano, además de la economía y finanzas de los políticos y de los partidos, hoy agotada y reducida a su mínima expresión.
De acuerdo con Potentini, la política se concibe como el arte de lo posible y ante las claras evidencias, de un liderazgo político con posiciones radicales y hasta personales, se haría muy difícil en las actuales circunstancias consensuar una reforma constitucional, lo que indefectiblemente nos lleva a considerar como viable y posible, la propuesta formal de que sean fijadas las fallidas elecciones municipales, para el domingo 15 de marzo, eliminando además el voto automatizado, volviendo al viejo sistema en la totalidad del país, con la boleta física.
Asimismo, disponer de los recursos necesarios con cargo al Gobierno Central, vía cualquiera de las modalidades previstas (prestamos, financiamiento, bonos u otros), para solventar los gastos de las próximas y extraordinarias elecciones municipales, usando las boletas que estaban destinada para los 140 municipios del voto físico, solamente imprimiendo las necesarias para suplir los 18 municipios del voto automatizado.
Para Justicia y Transparencia se impone el que los propios miembros, que componen la Junta Central Electoral, de su propia voluntad, revalúen y ponderen la pertinencia de seguir participando en los próximos procesos electorales, ello así por la pérdidade confianza de la población dominicana, abonada por los últimos y lamentables acontecimiento del colapso y suspensión de las elecciones municipales.
Potentini lamentó y criticó, el que los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), no tuvieran la suficiente entereza para hacer en consonancia con la institucionalidad y los mejores intereses del país, lo propio y lo que se correspondía con el sabotaje del voto automatizado, que era suspender solamente para esta modalidad de elecciones y continuar el proceso en el resto del país con la boleta física, economizándole muchos recursos al estado y de paso atenuando el gran atolladero en que hoy nos encontramos.
El jurista deploró que los miembros de la JCE, ante la crisis e inconvenientes, se marginaran de la institucionalidad, buscando congraciarse con los partidos políticos, como puede evidenciarse en un video filtrado a los medios de comunicación, donde el presidente de la junta, aun cuando planteaba y reconocía que la suspensión solo debía abarcar el voto automatizado, se dejó presionar de los partidos y extender el problema a la totalidad de las elecciones, causando con ello un daño logístico y económico de dimensiones desconocidas, con la agravante de que hoy día los propios partidos, en procura de capital político, les dan la espalda y los acusan de la actual crisis electoral.
Finalmente, la entidad cívica exigió de las autoridades competentes, el investigar y llevar hasta las últimas consecuencias, el sabotaje informático de que han sido objeto las elecciones municipales, identificando a todos los responsables, para traducirlos a la justicia e imponerle penas ejemplarizadoras, por el crimen perpetrado a la democracia.