En 1881 se dio un hecho trascendental para la historia política de la República Dominicana, cuando se promulgó una reforma constitucional que introdujo importantes cambios en los requisitos y estructura para ocupar la Presidencia de la República. Esta reforma respondió a un contexto de crisis política, buscando estabilizar el poder ejecutivo y fortalecer las instituciones del país.
Entre los requisitos modificados para el cargo presidencial, la reforma estableció que el presidente debía juramentar ante el Congreso de Plenipotenciarios, además de oficializar la creación del cargo de vicepresidente, una figura hasta entonces inexistente. Estas modificaciones pretendían garantizar una transición ordenada del poder y dotar al Ejecutivo de mayor legitimidad y respaldo constitucional.
Asimismo, el presidente Fernando Arturo de Meriño, ante la incertidumbre política, suspendió la Constitución mediante decreto y convocó a una Asamblea Constituyente para llevar a cabo estos cambios. Esta medida excepcional reflejó la intención de ordenar la vida política dominicana y evitar el desgaste institucional que impedía el desarrollo democrático.
Esta reforma, que forma parte de un largo proceso de ajustes constitucionales en el país, marcó un precedente importante en la configuración del sistema político dominicano, ampliando los mecanismos para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes, dejando un legado que ha influenciado las posteriores constituciones del país.
