Las cifras de accidentes de tránsito en la República Dominicana siguen siendo alarmantes, lo que ha llevado a las autoridades a buscar constantemente soluciones para reducir estos siniestros.
El incumplimiento de la Ley 63-17 de Tránsito y Movilidad es uno de los principales factores que contribuyen a estos incidentes, los cuales no solo generan pérdidas humanas y materiales, sino también un alto costo económico para el Estado dominicano. El presupuesto hospitalario se ve gravemente afectado por la atención médica a las víctimas de estos accidentes.
Ante esta situación, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, considera fundamental establecer un régimen de consecuencias más estricto. Por ello, propone modificar la ley de tránsito para hacer obligatorio el pago de las multas impuestas por infracciones; así lo reseña el periódico Listín Diario en una publicación de este lunes.
Actualmente, la Ley 63-17 permite que los conductores sancionados soliciten la extinción de sus multas a través del tribunal especializado, siempre que haya transcurrido un año desde la fecha de la infracción.
Raful explicó que la reforma planteada busca modificar exclusivamente este apartado de la ley, con el fin de garantizar que el pago de las multas sea obligatorio. “Todos estamos de acuerdo en que, cuando no hay un régimen de sanciones efectivo, las personas evaden su responsabilidad”, afirmó la ministra, según declaraciones recogidas por Listín Diario durante el acostumbrado desayuno que realiza los viernes este medio de comunicación, donde cuentan con la presencia de importantes representantes del sector empresarial y político del país.
