El Gobierno colombiano denunció los recientes ataques perpetrados en los municipios de El Tambo y Argelia, en el departamento del Cauca, que han desencadenado una ola de violencia contra la Fuerza Pública. En las últimas horas, videos que circulan en redes sociales han evidenciado cómo los habitantes de estas zonas incineraron al menos dos tanquetas del Ejército y expulsaron a los soldados. En el marco de estos hechos, 29 miembros de la Fuerza Pública fueron secuestrados.
El Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, expresó el rechazo absoluto del Gobierno ante estos actos y condenó enérgicamente la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de los militares, ocurridos en los corregimientos de El Plateado y La Hacienda, en los municipios de Argelia y El Tambo, respectivamente. El funcionario destacó que este ataque es parte de un ataque sistemático orquestado por grupos armados ilegales en la región.
“El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, denuncia con contundencia estos hechos violentos y reafirma su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y de nuestra Fuerza Pública. Este ataque no quedará impune, y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, se iniciará el proceso de identificación de los responsables”, expresó el Ministro Sánchez.
Asimismo, Sánchez detalló que la Fiscalía ya ha comenzado las investigaciones para identificar a los responsables del secuestro, quienes enfrentarán cargos por tentativa de homicidio, secuestro y otros delitos graves, con penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión. El Ministro también señaló que los responsables de estos actos de violencia son miembros del Grupo Armado Organizado Carlos Patiño, y advirtió que muchos de los pobladores de la zona están siendo instrumentalizados por este grupo ilegal.
En medio de este clima de violencia, el Ministro de Defensa también confirmó que el Gobierno Nacional tiene previsto realizar una visita oficial a Popayán en los próximos días, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de seguridad y brindar apoyo a la población afectada por la situación de orden público en la región.