En un contexto de debate público, Juana Barceló, directora de Barrick Pueblo Viejo, dio los detalles sobre el proceso de construcción de una nueva presa de colas. Este proyecto, clave para la continuidad de la operación minera, ha generado controversia debido a su impacto en más de 600 familias que habitan en la zona designada para la obra.
Barceló explicó cómo la empresa está buscando un equilibrio entre sus intereses económicos y el bienestar de las comunidades afectadas.
“El lugar donde se va a hacer la nueva presa de colas es un terreno que hay que ocupar físicamente. Ah, que ahí vivía gente. Bueno, ahí podía haberse declarado utilidad pública por el Estado, pero nosotros optamos por un proceso de negociación directo con cada familia”, afirmó Barceló.
El proceso, según la directora, no ha estado exento de desafíos. Algunas familias reclamaron derechos sobre las tierras argumentando que, aunque no habitaban físicamente en el área, habían heredado parcelas de sus padres o las usaban para subsistencia.
“Nuestro compromiso es asegurarnos de que las personas mantengan o mejoren su calidad de vida. Ese es el objetivo que guía todas nuestras acciones”, enfatizó.
Consultas y participación comunitaria
Para garantizar una transición justa, Barrick Pueblo Viejo ha llevado a cabo más de 3,000 reuniones con las comunidades afectadas. Barceló destacó que, como parte del proceso, las familias han participado en decisiones importantes, desde la selección del lugar donde serán reubicadas hasta el diseño de las viviendas.
“Hubo discusiones sobre detalles como el tipo de techo o la altura de las casas. Escuchamos todas las inquietudes y trabajamos en soluciones conjuntas”, aseguró.
Además, las familias tuvieron la opción de elegir entre terrenos de 300 metros cuadrados con una tarea adicional para subsistencia o terrenos más amplios de 600 metros cuadrados.
“Algunos querían más espacio, y se les dio esa opción. Para nosotros, el escuchar es sumamente importante”, agregó.
Dice que la reubicación no se limita a brindar nuevas viviendas, sino que incluye la creación de una infraestructura completa. Detalló que, a solicitud de las familias, se han construido espacios como un mercado, una guardería infantil, parques, iglesias y un play de béisbol. También se está desarrollando una escuela técnica en alianza con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que permitirá a los jóvenes acceder a carreras técnicas.
“Nos pidieron un cementerio y lo incluimos. Este proceso no solo busca reubicar a las personas, sino crear comunidades funcionales y sostenibles que mejoren su calidad de vida”, explicó Barceló.
Compensaciones económicas
Barrick ofreció a las familias múltiples opciones para garantizar su bienestar. Aquellos que deseen conservar tierras pueden optar por un intercambio de terreno por terreno, mientras que otros pueden recibir compensaciones económicas. Además, la empresa ha diseñado planes personalizados para cada familia, que incluyen acompañamiento psicológico, capacitación técnica y acceso a préstamos blandos.
“Si alguien tiene una finca de arroz o cacao, trabajamos con ellos en un plan de siembra y les damos las herramientas necesarias para que puedan continuar con su medio de vida”, aseguró Barceló.
Un punto clave es que cada persona reubicada recibirá un título de propiedad, algo que, según Barceló, es fundamental para garantizar la estabilidad a largo plazo de las familias.
Conflictos en las negociaciones
Uno de los principales puntos de controversia ha sido la compensación económica por los terrenos y cultivos. Barrick desarrolló una matriz de precios basada en estudios de consultores independientes y con la participación de expertos agrícolas. Por ejemplo, el precio de una tarea de terreno oscila entre RD$40,000 y RD$44,000, mientras que cada mata de cacao se valora en RD$2,195.
“Este proceso fue transparente y consultamos a productores, cooperativas y al Ministerio de Agricultura. Incluso incrementamos los precios inicialmente establecidos para llegar a acuerdos justos. Sin embargo, aún hay personas que no están de acuerdo”, admitió Barceló.
Otro problema ha surgido con personas que se mudaron a la zona después de la fecha de corte. Según Barceló, estas personas no califican para recibir una nueva casa, pero se les pagará por los bienes que posean, como terrenos o construcciones.
Mediación y estándares internacionales
Actualmente, el proceso se encuentra en una fase de mediación liderada por el Defensor del Pueblo y el Obispo de La Vega. El objetivo es resolver las diferencias restantes y garantizar un acuerdo justo para todas las partes involucradas.
Barceló destacó que Barrick ha adoptado voluntariamente los estándares de la Corporación Financiera Internacional (IFC), aunque no estén obligados por financiamiento externo. Estos estándares incluyen procesos de consulta, mecanismos de quejas y reclamos, y medidas para garantizar medios de vida sostenibles.
“Estamos comprometidos a ir más allá de lo que exige la ley dominicana. Queremos que este reasentamiento sea un modelo de buenas prácticas internacionales”, afirmó Barceló.
Sin embargo, persiste una demanda de algunos sectores para que se aplique un estándar del Banco Mundial, diseñado para proyectos gubernamentales.
“Estamos en discusiones, pero creemos que nuestro enfoque ya supera lo que exige la ley y garantiza el bienestar de las comunidades”, concluyó.
La directora de Barrick Pueblo Viejo sostiene que la construcción de la nueva presa de colas es un proyecto vital para la minera, pero también representa un desafío en términos de responsabilidad social. Barceló confía en que el diálogo y la transparencia permitirán alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a la empresa como a las comunidades afectadas.
