La líder opositora italiana Elly Schlein, secretaria general del progresista Partido Demócrata (PD), pidió este jueves al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni que se oponga al plan del presidente de EE.UU, Donald Trump, de deportar a los palestinos de la Franja de Gaza a otros países y que reconozca ya al Estado palestino.
“El Gobierno italiano debe posicionarse claramente contra el plan de Trump y proceder al reconocimiento del Estado de Palestina, nuestro país no puede ser cómplice de esta enésima barbarie”, dijo Schlein en la misma jornada en la que el ministro italiano de Exteriores y vicepresidente, Antonio Tajani, se encuentra de visita en Israel.
El Ejecutivo de Meloni no ha emitido una reacción oficial sobre la propuesta de Trump y mientras Tajani aseguró poco antes de viajar a Israel que le parecía “un poco difícil implementarla”, el partido del otro vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, le mostró su apoyo.
“La Liga mira con gran atención las propuestas de Donald Trump para Gaza y Oriente Medio, esperando que puedan materializarse para abrir una nueva fase de paz y prosperidad”, dijo la formación ultraderechista.
Según Schlein, “Gaza pertenece al pueblo palestino, que tiene derecho al pleno reconocimiento de su condición de Estado. La propuesta de Trump de convertir Gaza en una especie de resort para occidentales ricos es un insulto al derecho internacional que debe ser rechazado con toda contundencia”.
“Sobre todo después de la masacre llevada a cabo contra ese pueblo: estamos hablando de personas, familias, historias, no de sacos que pueden mover a su antojo los hombres más ricos y poderosos del planeta, con una deportación que pisotea los derechos humanos más básicos”, añadió la líder del mayor partido de la oposición.
Trump declaró este martes que Estados Unidos “tomará el control” de la Franja de Gaza a largo plazo y la reconstruirá, convirtiéndola en la nueva “Riviera de Oriente Medio”, tras el reasentamiento permanente de los palestinos en otros países.
La propuesta de Trump ha sido rechazada mayoritariamente por la comunidad internacional, mientras organismos de derechos humanos y juristas coinciden en que es una iniciativa que vulnera acuerdos, tratados y la legalidad internacional.
